La empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ha presentado el pasado mes de marzo una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador en la ONU, en la que reclama al país al menos 250 millones de dólares, según ha informado el sitio español El Economista, por desavenencias con la presión fiscal aplicada por el país en los últimos años.
La noticia ha sido negada este viernes por el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, citado por el sitio oficial El Telégrafo, y la ha atribuido a la «mala interpretación de un comunicado de la compañía». Pèrez ha admitido que se ha establecido un plazo de seis meses para solventar inconvenientes con Ecuador. Si al cabo de ese tiempo no se concretan soluciones, la firma recurrirá a cortes internacionales.
Consultados por La República fuentes de OCP no han querido confirmar ni tampoco han desmentido la noticia del arbitraje.
OCP es la propietaria de un oleoducto de crudos pesados que, con 485 kilómetros de longitud, conecta la Amazonia con la costa del Pacífico. En su accionariado figuran la española Repsol, las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.
La documentación remitida por Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, citada por el sitio El Economista, da noticia de la presentación del arbitraje, relativo al tratamiento de la deuda fiscal subordinada emitida para la financiación de las operaciones de OCP. La reclamación se ha presentado ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por sus siglas en inglés), organismo en el que la resolución de este tipo de pleitos suele prolongarse de un año y medio a tres años.
Repsol, por medio de OCP u otras filiales, mantiene varios conflictos con el fisco ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI). De acuerdo con los datos de OCP, entre 2003 y 2015 sus obligaciones y pagos a Ecuador suman más de 378 millones de dólares.
Destitución de jueces
En el pleito referido a la deuda subordinada, OCP ya obtuvo un fallo favorable de la Corte Nacional de Justicia en 2013, pero el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa apeló a la Corte Constitucional y destituyó a los jueces firmantes de la sentencia, argumentando que habían incurrido en un «error inexcusable». En aquel entonces, Carlos Marx Carrasco, director del SRI, evaluó el litigio en 252.3 millones de dólares.
La Corte Constitucional anuló el fallo de la Corte Nacional, ha emitido resoluciones favorables a los intereses del SRI y ha desestimado los posteriores recursos presentados por Repsol y sus socios.
OCP tiene otro conflicto judicial, que abarca de 2003 a 2010, en el que el SRI no reconoce la deducibilidad en el impuesto de la renta de los pagos de tarifa por transporte de crudo, en concepto de la capacidad garantizada de transporte, denominada Ship or pay en inglés. La Corte Nacional ha desestimado ya los recursos de 2003 a 2005.
Y finalmente, el SRI ha cuestionado el criterio de referencia aplicable a las ventas de la producción del Bloque 16, donde Repsol Ecuador tiene una participación del 35%. De momento, la Corte Nacional ha desestimado el recurso correspondiente a 2005.
En estos dos últimos litigios, Repsol apunta, en la documentación remitida a la CNMV, que la Justicia ecuatoriana ha obrado argumentando cuestiones procesales y sin entrar al fondo de la cuestión.
Reclamos laborales
Repsol enfrenta también problemas judiciales. En enero de este año, ex trabajadores de Repsol, en Quito, han exigido, mediante la publicación de un comunicado de prensa, tanto a Repsol Ecuador S. A. y a sus socias OPIC-Taiwan, Sinopec China y Sinochem-China, del Consorcio Bloque 16 y Bloque 67 (TIVACUNO), el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio del Trabajo para que proceda al pago de utilidades correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002.
En el comunicado, los extrabajadores agradecen al Ministerio del Trabajo por “haber actuado hasta el momento conforme a derecho, al haber dispuesto por dos ocasiones el pago de las utilidades” que por derecho, dicen, les asiste. Sin embargo, agregan estar sorprendidos por el “desacato por parte de la compañía a las disposiciones claras dictadas tanto por los organismos judiciales como por los administrativos”.
Los trabajadores denuncian también que el estudio jurídico contratado por Repsol para lo que describen como el ánimo de “burlar sus obligaciones”, sea la firma de abogados Ferrere, que cuenta entre sus accionistas al doctor Andrés Donoso Fabara, exsecretario de Hidrocarburos del gobierno anterior, y coordinador por parte del estado en el proceso de renegociación de los contratos con Repsol en 2010.