El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que regresó de su segunda visita a España desde que llegó al poder en mayo de 2017, ha invitado a los empresarios españoles a descubrir un nuevo Ecuador, aún en gestación y sobre el que sigue pesando una excesiva burocracia poco dada a las inversiones.
Moreno hizo su presentación en un foro informativo en Madrid en su última jornada de la gira que realizó por Reino Unido y España, y garantizó a los empresarios una «seguridad jurídica» muy diferente a la del anterior régimen de Rafael Correa (2007-2017).
Subrayó que existen «muchas posibilidades de invertir», dada la gran riqueza del subsuelo ecuatoriano en petróleo, oro y níquel, y destacó los planes de desarrollo en energías renovables.
El mandatario ofreció su mano «afectuosa» y los «brazos abiertos» a los empresarios para que inviertan con confianza en un país «rico», donde trabajan 150 empresas españolas, que disfrutaran de la ventaja de compartir la misma lengua y «afectividad» mutua.
Hizo hincapié en la lucha «sin tregua» de su Gobierno contra la corrupción, una lacra de la que dijo, «no se puede pasar ni una».
Con un nuevo plan económico y fomento de la productividad -aún en trámite parlamentario-, destinado a desmontar las estructuras económicas del correísmo e impulsar una nueva política de aperturismo, captación de capitales en proyectos públicos y privados, Moreno trata de sacar a Ecuador del aislamiento.
Parte de esa estrategia es la búsqueda de acuerdos comerciales con Estados Unidos, el bloque euroasiático y economías complementarias por todo el globo.
«Saliendo del abismo», fue el sugerente título de una conferencia en la que Moreno no ahorró en acusaciones al anterior Ejecutivo liderado por Correa, a quien acusó de querer «perpetuarse» en el poder y culpó del gasto público excesivo y del alto nivel de corrupción.
Moreno prometió combatir esos males con «transparencia» y una nueva forma de hace política que tipificó como «progresismo moderno», con preferencia por los más necesitados y una profundización de la democracia.
Lejos quedan pues los días del denominado «socialismo del siglo XXI» que tanto defendió Correa, y que llevaron a cambiar condiciones contractuales en negocios con grandes empresas internacionales, y a entrar en el proteccionismo a ultranza de la economía nacional.
Todos los cambios que promueve Moreno, muchos decididos a nivel gubernamental -algunos penden aún de la autorización legislativa-, tardarán aún en filtrase en el mercado, donde siguen imperando viejas normas del pasado.
La más problemática, quizás, la de una excesiva burocracia, que ralentiza de forma sistemática la posibilidad de encarrilar negocios y que tanto asusta a quien busca dividendos.
Un informe del World Economic Forum (WEF), del que dio cuenta el diario El Comercio, mencionó que Ecuador está ubicado en el puesto 97 de 137 países en el ránking de Competitividad Global 2017.
«En la lista de los factores más problemáticos del país, los cinco primeros son: inestabilidad jurídica, tasas de impuestos, regulaciones laborales restrictivas, corrupción y burocracia gubernamental ineficiente», destacaba el rotativo quiteño.
El estudio, realizado sobre 12 indicadores, los situaba en el puesto 126 en cuanto a eficiencia del mercado laboral y en el 128 en el indicador de eficiencia del mercado de bienes.
Menos alentador es el informe Doing Business 2018, realizado por el Banco Mundial, que sitúa a Ecuador en el puesto 118 de 190 países, cayendo cuatro puestos en el ránking.
La nación andina se sitúa además en el puesto 168 según el indicador para «la apertura de negocios», y en el 124 en cuanto a la «protección de inversionistas minoritarios».
«La burocracia es parte del modelo de Estado, que lo que ha hecho es dificultar la vida de las empresas y de las personas», manifestó a Efe Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.
El analista económico subraya que «se trata de una línea roja», puesto que para que el nuevo modelo sea sostenible debe reducir el tamaño de la burocracia estatal en relación al PIB del 10 por ciento actual al 6 o 7 por ciento para que fuera viable.
«El adelgazamiento del sector público es inevitable, y pasa por facilitar la vida de las inversiones mediante la agilización de los procesos, disminuir costos de operación para crear un ambiente amigable», concluye. EFE