La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó este jueves de «insolente» un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que ve un empeoramiento de la situación de derechos humanos y libertad de expresión en el país ante la «concentración y abuso de poder» del Gobierno de Hugo Chávez.
«Me parece un informe insolente, irrespetuoso e inaceptable para todos los venezolanos«, declaró Ortega en un programa con la estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV), y subrayó que «todo lo que dice respecto a Venezuela es mentira».
Ortega señaló que esa organización «ha sido omisa ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos de los ciudadanos en Estados Unidos» y frente a lo que calificó como «genocidio» que el Gobierno de Israel, con el apoyo de Washington, tiene «contra el pueblo palestino».
«¿Es que ahí no hay violaciones a los derechos humanos? ¿Dónde están esas organizaciones? ¿Dónde está Human Rights Watch?», se preguntó la funcionaria, quien llamó a los organismos de seguridad del Estado a estar atentos.
En el documento, presentado en Washington, HRW señaló que «la acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al Gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política».
El documento presenta un panorama aun más sombrío respecto al informe «Una década bajo Chávez», de 2008, al advertir que «la situación de derechos humanos en Venezuela se ha vuelto aún más precaria».
HRW se refirió al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, bajo arresto domiciliario desde febrero de 2010, como «el ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela», y de cómo el Gobierno de Chávez ha «neutralizado» al poder judicial como garante de los derechos.
Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño, procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales, y después de que Chávez pidiera durante un mensaje televisado la «máxima pena» para la jueza.
Además, mencionó el caso del líder antichavista y exgobernador del estado Zulia (oeste) Oswaldo Álvarez Paz detenido en marzo de 2010 tras declarar al canal de televisión que el Gobierno de Chávez presuntamente violaba los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.
Álvarez Paz fue condenado a dos años de prisión en julio de 2011, aunque un juez le permitió cumplir su sentencia bajo libertad condicional.
También HRW criticó la multa de 2,1 millones de dólares contra el canal privado Globovisión por su cobertura de una crisis carcelaria en junio de 2011.
El representante venezolano permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, dijo hoy a la cadena Unión Radio que las denuncias de HRW siempre «ocurren en las vísperas de los procesos electorales en Venezuela».
Señaló que estas organizaciones son utilizadas «como un ariete político, mediático, que responde a las políticas y a los diseños estratégicos del imperio».
«Forma parte de la arremetida total que se basa en contra de nuestra democracia con motivo de las elecciones que vamos a tener en octubre», añadió el diplomático, en alusión a los comicios en los que Chávez buscará su tercera reelección frente a un grupo de seis candidatos liderados por el opositor Henrique Capriles. EFE