Panamá, 3 abr (EFE).- Ramón Fonseca Mora, ministro consejero del Gobierno de Juan Carlos Valera hasta que el pasado 11 de marzo solicitó una licencia tras la detención de varios trabajadores de su bufete en Brasil, se encuentra en el epicentro del escándalo de «los papeles de Panamá«.
En dichos documentos se evidencia que su despacho colaboró en la creación de miles de empresas para políticos, empresarios y personalidades de todo el mundo, presuntamente destinadas a la ocultación de fondos y lavado de dinero.
Ramón Fonseca Mora aseguró que pidió una licencia de un año al presidente Juan Carlos Varela para defender a su firma -Mossack Fonseca-, señalada por la Justicia brasileña por haber sido utilizada supuestamente para ocultar activos en el caso «Lava Jato», después de la detención de varios trabajadores de la franquicia de su bufete en Brasil.
La conexión Lula
La Policía brasileña informó en enero que ha inició una nueva fase de la investigación de las corruptelas en Petrobras, la cual intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera fue blanqueado mediante operaciones inmobiliarias articuladas por Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, opera en otros 40 países y se sospecha que facilitó a varios implicados en el escándalo la apertura de diversas empresas «offshore» en esa nación centroamericana.
«La investigación apunta a operaciones de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio a través de negocios inmobiliarios», dijo en rueda de prensa el fiscal Carlos Fernando Dos Santos Lima, uno de los responsables del caso.
También afirmó que, según los indicios obtenidos hasta ahora, la empresa «Mossack Fonseca es una gran lavadora de dinero», por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países, aunque declinó precisar cuáles.
Dos de los empleados de Mossack Fonseca en Brasil fueron detenidos, mientras que otros tres no fueron localizados y probablemente se encuentren en el extranjero. Las autoridades acusan a María Mercedes Riaño, de Mossack Fonseca Brasil, de ordenar destruir y ocultar documentos.
Un correo interceptado da cuenta de que pidió “sacar todos los documentos de la oficina, nombres de clientes, documentos por enviar, documentos de due diligence, directorios telefónicos borrar de la computadora todo lo que pueda haber, incluyendo los [sitios] favoritos… No dejar nada, yo lo voy a guardar en mi carro o en mi casa”.
Según los medios brasileños, uno de los principales objetivos de la presente etapa de la Operación Lava Jato (la No. 22), estalló tras la detención de Nelci Warken, en Sao Paulo, capturada en enero por la Policía Federal en Curitiba.
Los investigadores la han identificado como propietaria de un apartamento en el condominio Solaris, en las playas de Guarujá, estado de Sao Paulo, vinculado a la sociedad offshore Murray Holding, creada por Mossack Fonseca & Co. en Panamá y que, según los fiscales se constituyó para supuestamente lavar dinero.
El procurador indicó que existen fuertes evidencias de que Nelci Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues ella carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento. “Ahora estamos investigando quién está detrás de ella… [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, dijo el fiscal.
Según las investigaciones, la empresa Constructora OAS utilizó el Condominio Solaris –donde el expresidente Lula da Silva tiene un inmueble– para “encubrir sobornos a los agentes involucrados en el esquema criminal de la estatal petrolera Petrobras”.
El triplex de lujo en Guarujá
Uno de los ejes de la investigación es un edificio construido en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, por una cooperativa sindical vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y en el cual la propia Mossack Fonseca posee un apartamento de tres pisos.
En 2009, en medio de una severa crisis financiera, la cooperativa vendió esa propiedad a la constructora OAS, que está salpicada por el escándalo en Petrobras, y varios dirigentes del PT adquirieron apartamentos en ese edificio.
Veja.com narró en su sitio web que el asedio en este nuevo flanco de la operación Lava Jato se produjo después de que se descubriera que la cuñada del extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari Neto, Marice Correa de Lima, lavó parte de los sobornos en la compra del apartamento 44-A, en Solaris.
La esposa de Vaccari, Giselda Rousie de Lima, declaró ser propietaria de otra unidad en el condominio, la número 43, pero fue el tríplex 163-B, registrado a nombre de la sociedad offshore Murray Holdings, lo que alertó a los investigadores, ya que este inmueble estaba a nombre de Nelci Warken.
La publicación detalla cómo, a partir de esta sociedad, los investigadores desvelaron un esquema compuesto por sociedades offshore, vinculadas a la firma Mossack Fonseca.
Según las investigaciones, Mossack Fonseca actuó como intermediario en la constitución de las sociedades offshore Milzart Overseas Holdings, controlada por el exdirector de Petrobras Renato Duque; de Backspin Management, S.A., Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate, S.A. y Dole Tec Inc., todas controladas por el exgerente de la petrolera Pedro Barusco y de la empresa Mayana Trading Corp., operada por el empresario Mario Goes.
Barusco y Goes son delatores premiados del escándalo petrolero y dieron detalles de cómo funcionaba el esquema criminal para drenar los fondos de la compañía estatal Petrobras.
Otro de los apartamentos en el llamado Condominio Solaris estaba reservado por la familia del expresidente brasileño Lula da Silva, fundador del PT y padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff.
A mediados del año pasado, cuando empezó a ventilarse ese asunto, Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió en 2009 una participación con vistas a una posible adquisición.
Sin embargo, aclaró que, como las obras para la conclusión del edificio se atrasaron, la constructora OAS ofreció la posibilidad de que reintegrarle el dinero a quienes aún no habían confirmado la compra.
«Como el proceso aún no ha finalizado», la esposa de Lula «evalúa si optará por el resarcimiento del monto pagado o por la adquisición de algún apartamento», indicó en una nota el Instituto Lula, que el propio expresidente dirige.