El Gobierno de Nicaragua expresó hoy su «más energética protesta» por las «declaraciones parcializadas» de la ONU, que denunció que la ley de terrorismo aprobada por el Parlamento puede usarse para criminalizar las manifestaciones en el país, envuelto una crisis desde abril que deja más de 350 muertos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que la Ley sobre terrorismo aprobada el lunes por el Parlamento de Nicaragua pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica y señaló que el texto «es muy vago y permite una amplia interpretación».
«Rechazamos enérgicamente esta burda manipulación por parte del Alto Comisionado del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los Convenios y Tratados Internacionales, para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo«, señaló en respuesta este martes la Cancillería nicaragüense en una nota.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos argumentó que el artículo 394 de la ley aprobada «tiene un texto que podría tildar de terroristas a quienes se manifiestan pacíficamente».
«Al cuestionar esta ley, la Oficina del Alto Comisionado se vuelve cómplice precisamente de acciones que nuestra legislación, como Estado responsable, condena y que hemos aprobado acorde con los Convenios e Instrumentos Internacionales«, criticó la Cancillería.
«Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un Gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo», señala la nota del Gobierno
La Cancillería advirtió que «cuestionar y manipular el derecho soberano y la voluntad política de Nicaragua de fortalecer sus capacidades jurídicas, técnicas y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras actividades ilegales va contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Orden Jurídico Internacional«.
«Exigimos el cese de este tipo de declaraciones y manipulaciones que no contribuyen en nada a crear el clima necesario para el diálogo entre nicaragüenses», concluyó.
La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de «terrorismo».
«El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta«, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de esa Oficina de la ONU, Rupert Colville, que puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso «casi totalmente controlado por el Gobierno».
La mayoría sandinista y sus aliados en el Parlamento aprobaron la cuestionada Ley en medio de la revuelta popular que comenzó el pasado 18 de abril y que el Gobierno califica como un «gravísimo problema del terrorismo».
La oposición nicaragüense denunció que el Ejecutivo busca con esa ley «criminalizar» la protesta cívica ciudadana y la persecución contra organismos cívicos y la iglesia católica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la ONU Acnudh han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo cual ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE
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