El independentismo ha crecido rápidamente en la política y la sociedad de Cataluña desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional español anuló parte del Estatuto regional de Autonomía, hasta llegar al referéndum de «autodeterminación» de 2017, con varios líderes soberanistas juzgados y condenados por sedición.
A partir de 2010, la participación ciudadana en las celebraciones nacionalistas de la Diada (la fiesta regional oficial de Cataluña de cada 11 de septiembre) aumentó exponencialmente, con cientos de miles de manifestantes que reclaman abiertamente la independencia, cuando antes reivindicaban más autonomía.
El apoyo a los partidos soberanistas se situó entorno al 47,5 % de los votantes en las últimas elecciones regionales del 21 de diciembre de 2017. Esto refleja una sociedad catalana de ciudadanos divididos, que se han manifestado masivamente y repetidamente en las calles a favor y en contra de la secesión.
Cataluña es una comunidad autónoma rica del noreste de España de 7,5 millones de habitantes, en parte emigrantes originarios de otras regiones, que representa alrededor del 19 % del Producto Interior Bruto (PIB) total del país.
Durante más de 35 años, los sucesivos gobiernos nacionalista aplicaron políticas de refuerzo de la identidad catalana de la región, por ejemplo de tipo lingüístico, al mismo tiempo que reclamaban al Ejecutivo español más autonomía política y financiera.
Pero finalmente pasaron a exigir la independencia al considerar que sus aspiraciones autonomistas no eran satisfechas, convocaron un referéndum inconstitucional el 1 de octubre de 2017 y aprobaron una declaración parlamentaria a favor de la secesión unilateral, un proceso desarrollado en varios momentos clave:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En junio de 2010, el Tribunal Constitucional (TC) anuló o matizó parte del Estatuto de Autonomía -que regula el autogobierno catalán- sobre asuntos judiciales, de financiación, lingüísticos y de identificación de Cataluña como nación, aunque fuera solo de modo simbólico.
El TC argumentó que la Constitución española «no conoce otra nación que la española», y niega al gobierno catalán facultades de regulación de referendos por ser competencia exclusiva del Estado.
CONSULTA SOBERANISTA DE 2014
El 20 septiembre de 2012, en plena crisis económica y de déficit público, el jefe del Ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy, rechazó el pacto fiscal propuesto por el presidente de Cataluña, Artur Mas, para asegurar la suficiencia financiera de Cataluña.
En la Diada de ese año, Mas se había comprometido a construir estructuras de Estado para Cataluña.
El 23 de enero de 2013, el Parlamento regional catalán aprueba el «derecho a decidir» de los catalanes sobre su futuro político, algo que no reconoce la Constitución española.
Y el 9 de noviembre de 2014 se celebra una consulta no vinculante convocada por Mas, que había sido suspendida por el TC y luego declarada inconstitucional. La participación fue del 37 %, con un apoyo a la independencia del 80,9 %, según el gobierno catalán.
REFERÉNDUM DE «AUTODETERMINACIÓN» DE 2017
En enero de 2016, el independentista Carles Puigdemont es elegido presidente de Cataluña al frente de una coalición independentista formada por los partidos PdeCat y ERC, que en octubre de 2015 habían acordado iniciar un proceso soberanista al margen de la Constitución.
El gobernante soberanista anunció un referéndum para septiembre de 2017.
A pesar de las advertencias del TC, el Parlamento catalán, de mayoría soberanista, aprueba el 6 y 7 de septiembre de 2017 una ley de referéndum y otra de transición a la «república» catalana, declaradas inconstitucionales posteriormente.
El 1 de octubre de 2017 se celebra el referéndum ilegal de «autodeterminación» convocado por el gobierno de Puigdemont, mientras miles de agentes del orden tratan de impedirlo por orden judicial. Votaron 2,2 millones de personas, con un apoyo independentista del 90 %, según las autoridades catalanas.
El rey de España, Felipe VI, pronuncia un discurso el 3 de octubre en defensa del orden constitucional, que es reprochado duramente por los independentistas. Son momentos de gran tensión institucional y social e incertidumbre política.
EL GOBIERNO ESPAÑOL INTERVIENE
A finales de ese mismo mes, el día 27, el Parlamento catalán aprueba una declaración a favor de la independencia unilateral. El Ejecutivo español destituye entonces a Puigdemont, que huye al extranjero, y asume provisionalmente la gestión de las competencias autonómicas de Cataluña.
Ese mismo día se convocan nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017, ganadas por los liberales de Ciudadanos, pero los independentistas volverían a gobernar meses más tarde porque suman mayoría de diputados.
JUICIO Y CONDENA DE LÍDERES INDEPENDENTISTAS EN 2019
En noviembre de 2017, la Justicia española comienza a investigar a varios líderes políticos y sociales catalanes por delitos durante el proceso independentista; algunos son encarcelados provisionalmente.
El Tribunal Supremo (TS) español juzga entre febrero y junio de 2019 a doce líderes soberanistas (nueve de ellos en prisión preventiva), acusados de rebelión por la Fiscalía y de sedición por la Abogacía del Estado, mientras que los abogados defensores piden la absolución. Puigdemont y otros soberanistas huidos son declarados en rebeldía.
Según trascendió este sábado, 12 de octubre de 2019, el TS acuerda por unanimidad condenar por sedición y malversación de fondos públicos a los principales independentistas juzgados por el proceso independentista ilegal de 2017, a la espera de conocer las penas. EFE (I)
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