Por Bernardo Tobar
Quito, Ecuador
Todos coincidiremos en la necesidad de erradicar toda forma de discriminación, por la causa que fuere. Otra cosa es que a título de compensación del desequilibrio se privilegie a los grupos que cierto paradigma ideológico califica en riesgo de discriminación. Es decir, el remedio cura aparentemente la enfermedad de algunos al costo de sacrificar la salud de los demás.
Esta distorsión tiene el proyecto de ley sobre igualdad laboral, que en esencia pretende que dentro del mismo rango de calificaciones para acceder a oportunidades de empleo, el empleador deba preferir a personas que podrían estar expuestas a discriminación por razones de etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual, entre otras. En concreto, si dos profesionales obtienen parecida calificación en el proceso de reclutamiento y uno de ellos es, por ejemplo, homosexual, indígena o de dudoso pasado judicial, ha de preferirse a uno de éstos -imaginemos la nota si reuniese las tres cualidades… Así, se evita el extremo de que la orientación sexual sea motivo de exclusión, finalidad plausible, pero se lleva la solución al extremo opuesto, convirtiendo la diversidad en causa de privilegio. Nueva discriminación con signo contrario.
Y lo dicho respecto de la identidad de género -eufemismo que implica que sexo y orientación sexual van cogidos pero no de la mano-, es igualmente aplicable a otras minorías que, según el proyecto, están en desventaja. En esta lógica se incluye hasta el apellido como causa de posible discriminación, mención legal que sería una forma de darle vigencia oficial a lo que en los hechos es menos que un complejo residual. La mejor manera de incapacitarle a alguien es confirmándolo incapaz por mandato legal. Como el niño un poco lento a quien sus padres convencieron, a fuerza de etiquetarlo de idiota, que nunca alcanzaría la agilidad mental; o el otro extremo, socialmente peligrosísimo, del pendejo ensalzado familiarmente a genio, que evoluciona en un tonto con iniciativa. No se pueden erradicar taras culturales subrayándolas en el registro oficial. En cualquier caso, en el mundo laboral de este Ecuador de élites en cambalache, de masas fragmentadas, dividido y sin más núcleo de identidad que una selección nacional de fútbol -cuando gana-, un apellido con trayectoria no está de moda ni da puntos, si acaso los resta.
Finalmente, en los procesos de contratación laboral se prohíbe utilizar otros criterios de calificación que los contemplados en el mismo proyecto de ley, desconociendo el principio de libertad de contratación, el respeto a la cultura y valores diversos de cada empresa -o las necesidades impuestas por su propio giro de negocio- y los enfoques modernos de selección, que a más del conocimiento -única dimensión del proyecto-, que siempre se puede enseñar, enfatizan el talento, que termina de configurarse en edad temprana. Es que hacer leyes laborales sin consultar con los empresarios -tanto como a los trabajadores- es como diseñar mangueras de alta presión sin consultar con los bomberos, falencia común de la Asamblea, que tramita muchas leyes de espaldas a sus destinatarios principales.