Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Destapó la cloaca el superintendente de Bancos, en su reciente comparecencia a la Asamblea. Enhorabuena; inaceptable sería alcahuetear prácticas que escandalizaron al paisito en la crisis bancaria, ahora reeditadas en un banco bajo control del Estado, que al menos ha sido incapaz de impedirlas.
Vale recordar que una reforma legal derivada precisamente de la crisis –en adición a la prohibición de prestar dinero a vinculados- fue eliminar la reserva sobre cualquier préstamo bancario. Se buscaba privilegiar el derecho de los depositantes a enterarse de los riesgos de la entidad en la que ahorran. Era cuestión de transparencia, que no duró ni un decenio, pues la reserva fue resucitada por ley de julio de 2007, que es la que se quiso inicialmente usar como pretexto para corchar los detalles del caso Cofiec-Duzac.
Empero, no hay crimen perfecto; la ley del 2007 dejó excepciones en la Ley de Instituciones Financieras. Una (Art. 89), es que si la Superintendencia hace un informe especial sobre determinadas operaciones de una entidad financiera, está obligada a proporcionarlo «a otras autoridades que por disposición legal expresa, previa determinación sobre su causa y fines, puedan requerirlo», como los legisladores, quienes por mandato constitucional pueden pedir toda clase de información a cualquier funcionario público (Constitución, Art. 120, 9º).
Otra es la del Art. 90: las auditorías de la Superintendencia no tienen reserva, ante la Asamblea, cuando ésta hubiese iniciado una investigación en una entidad financiera, lo cual nuevamente se explica con la crisis bancaria, pues esta norma fue introducida por ley del 13 de marzo de 2000 precisamente para facilitar la fiscalización del legislativo.
Y una más es la del Art. 93: “Cuando el Superintendente tenga conocimiento de indicios de la perpetración de un delito relacionado con las actividades de las instituciones del sistema financiero, estará obligado a llevarlos a conocimiento del Fiscal General del Estado, a fin de que proceda a ejercer inmediatamente las acciones legales correspondientes, en un término de cinco días”.
Destapada la cloaca, el turno ahora es de la fiscalía.