Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Los nuevos enemigos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sufrido una derrota importante en su afán de debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denostada por las dictaduras militares en los años 70, vilipendiada por Fujimori y Uribe, atacada fanáticamente por Chávez y sus pupilos, la CIDH ha jugado un papel trascendental en velar por el cumplimiento efectivo de la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención), y proteger así los derechos de quienes no encuentran justicia en sus países; naciones donde ciertos gobiernos y grupos económicos han metido sus manos en los tribunales y cortes para tenerlos a su merced.
La CIDH nació en Chile en 1959 por una resolución de cancilleres de la región, y fue incorporada en 1967 al tratado de Carta de la OEA. A su vez, su Estatuto fue aprobado por el máximo órgano de dicha organización. En 1969 la Convención –que entró a regir en 1978– también la reconoció en su texto concediéndole, además, autonomía para dictar su Reglamento. Existe entonces una conexión jurídica coherente entre el tratado de la OEA, la Convención, el Estatuto de la Comisión, y sus normas reglamentarias. Es por ello que estas últimas son tan vinculantes como lo son todos los tratados internacionales ratificados, especialmente de derechos humanos. No es entonces una ONG como se ha dicho sino una persona jurídica de derecho internacional.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención, en su Opinión Consultiva 19/05 sobre ‘Control de la legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la CIDH’ señaló que la Comisión “tiene plena autonomía en el ejercicio de su mandato”, algo que lo ha repetido en constante jurisprudencia. Y con respecto a las medidas cautelares –de las que tanto escándalo se ha armado– la Corte ha sido enfática también en declarar su carácter vinculante. Algo que, por lo demás, no es nada nuevo.
El reciente ataque a la CIDH –nacido coincidentemente durante un juicio privado– ha servido irónicamente para que la Comisión logre un consenso regional a favor de su fortalecimiento. La labor desplegada por la CIDH para frenar estos ataques ha sido ejemplar. Ella logró movilizar la conciencia democrática de la sociedad civil de la región, y la respuesta positiva que ha tenido se debe sin duda a su enorme prestigio. Les salió el tiro por la culata a sus nuevos enemigos.
Es increíble sugerir que la conducta de un Estado en materia de derechos humanos esté condicionada a si los Estados Unidos respete los derechos humanos, como es el nefasto capítulo de Guantánamo. Es como si alguien dijese que por el hecho de que un país fue bombardeado para liberarlo de una tiranía, está bien que los judíos mueran nomás en ataques terroristas. Los derechos humanos no son propiedad de nadie. Ni de la izquierda, ni de la derecha. Ni de los anglosajones, ni de los latinos. Ellos nos pertenecen a todos, como esencia de nuestra dignidad humana. Así pataleen los políticos populares, y los poderosos.
* El texto de Hernán Pérez Loose fue publicado originalmente en El Universo, el 12 de marzo de 2013.