Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Entre lo cómico y lo trágico hay menos distancia de lo que parece. Al menos en el Ecuador de hoy. A la sorprendente resolución de una jueza que prácticamente eliminó la inmunidad legislativa, ahora le sucede otra que ingresaría también a los anales de la historia de la infamia de Borges: la condena a una opositora al gobierno por el supuesto delito de terrorismo. Terrorismo e injurias se habrían convertido así en los delitos preferidos del estado ecuatoriano. El primero viene aplicándose casi siempre a la protesta en las calles, el segundo a la expresión del pensamiento. Las calles y el pensamiento han sido históricamente los espacios más temidos por las autocracias militares o civiles.
El burdo abuso de enjuiciar por terrorismo a diestra y siniestra tiene como consecuencia su trivialización. Y esto es probablemente el efecto más grave que se está causando, aparte obviamente de la evidente injusticia que se comete en los casos puntuales. La señal que se estaría enviando es que el Estado ecuatoriano no toma realmente en serio al terrorismo, pues, sus autoridades se habrían dedicado a invocarlo como un simple comodín que buscaría atemorizar a los disidentes políticos. En otras palabras, el delito de terrorismo para lo que estaría sirviendo en nuestro país no sería para sancionar y disuadir tan grave conducta, y mantener la paz, sino al contrario para crear miedo, agudizar conflictos, e irónicamente para implantar el terror.
Para ello bastaría leer las sentencias que están profiriendo los jueces ecuatorianos sobre el terrorismo. El derecho al final de cuentas no es sino lo que los jueces dicen que es tal (Hughes). Y lo que están diciendo los dueños del país y los jueces sobre este delito es tan alejado del consenso epistemológico que existe sobre él, tan ridículas las pruebas en que se basan, y tan excéntricos los argumentos que se esgrimen, que la única conclusión que un observador podría sacar es que el Ecuador del Siglo XXI está más cerca de aquellas republiquitas caribeñas de la era de Rafael Trujillo, que a un Estado moderno con instituciones serias. Uno que pretende celebrar acuerdos de cooperación política con Europa.
Tan serio es el terrorismo para el mundo contemporáneo que la comunidad internacional ha dedicado importantes esfuerzos para combatirlo a través de una red normativa. Así lo confirman los 14 convenios multilaterales vigentes, muchos de ellos creados en el marco de la ONU, y varios otros de ámbito regional como es el caso de la OEA. Y así lo ratifica la importante jurisprudencia que sobre este delito están generando tribunales en el exterior, tanto nacionales como internacionales.
En ninguna de estas decisiones, pero en ninguna, puede encontrarse, ni remotamente, la clase de payasadas que se viene diciendo en nuestro país sobre este delito atroz. Y como si esto fuese poco, a ciertos líderes se les ha ocurrido declarar formalmente que las FARC –sí, las que reconocen haber asesinado y secuestrado a miles de personas– no son una organización terrorista. (Prohibido reírse…).
Entre lo cómico y lo trágico hay menos distancia de lo que parece. Al menos en el Ecuador de hoy. A la sorprendente resolución de una jueza que prácticamente eliminó la inmunidad legislativa, ahora le sucede otra que ingresaría también a los anales de la historia de la infamia de Borges: la condena a una opositora al gobierno por el supuesto delito de terrorismo. Terrorismo e injurias se habrían convertido así en los delitos preferidos del estado ecuatoriano. El primero viene aplicándose casi siempre a la protesta en las calles, el segundo a la expresión del pensamiento. Las calles y el pensamiento han sido históricamente los espacios más temidos por las autocracias militares o civiles.
* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.