Alberto Molina
Quito, Ecuador
Uno de los flagelos que más preocupa a las sociedades, no importa de qué país, es el narcotráfico. La cadena, desde las plantaciones de la hoja de coca, el proceso de refinamiento del alcaloide, el transporte y la distribución para el consumo, deja un reguero terrible de violencia y muerte. No hay espacio del cuerpo social en donde no se enquiste este terrible mal; gobernantes, jueces; políticos, militares, policías; hombres y mujeres de todas las edades, son tentados por narcotraficantes que manejan un arma letal y poderosa: el dinero.
En Bolivia, en 1980, el general Luis García Meza dio un golpe militar. Junto a su ministro del interior el coronel Luis Arce Gómez, llamado “el ministro de la cocaína”, fue defenestrado al siguiente año. Los dos militares fueron acusados de violación a los DD.HH. narcotráfico y corrupción administrativa. En febrero de 2011, el general René Sanabria Oropeza, ex-director de la Fuerza Especial de lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a la sazón asesor de Inteligencia del gobierno de Evo Morales, fue detenido en Panamá acusado de narcotráfico, trasladado a EE.UU. donde fue sentenciado a 14 años de prisión.
El caso emblemático es el del general cubano Arnaldo Ochoa, héroe de la guerra de Angola; el militar cubano más condecorado, fue acusado de realizar operaciones de narcotráfico con el Cartel de Medellín; se le enjuició por tráfico de cocaína, diamantes y marfil, fue fusilado junto al coronel Antonio De la Guardia, y otros oficiales, el 13 de julio de 1989.
En Colombia, en la década de los 80, el caso del tristemente célebre Pablo Escobar es el ejemplo de cómo un capo de la droga incursionó en la política; primero haciendo obras: construyó viviendas para la gente pobre en Medellín; luego, se convirtió en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medellín y diputado en 1982.
En México se conoce que están involucrados en el narcotráfico políticos, ministros de Estado, jueces, militares y policías (en diferentes rangos) que operan directamente con los temibles carteles que asesinan sin piedad todos los días. No es diferente en Venezuela y Perú.
En nuestro país el caso del coronel Galo Carrera, quien fuera comandante de policía de Esmeraldas, es una prueba de cómo los narcotraficantes se aprovechan de la debilidad humana y de la falta de fortaleza moral, en este caso, de un miembro de la Policía Nacional.
Sorprende que el Ministro del Interior y el alto mando policial presenten una denuncia contra el ex-director de inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño, lo acusan de injuria y atentado contra la seguridad del Estado por una entrevista radial en la que dijo que autoridades judiciales, de Fuerzas Armadas y Policía estarían vinculados al narcotráfico.
Además, resulta curioso que en nuestro país se le responsabiliza a las FF.AA. de la seguridad interna, incluida el control del narcotráfico. El “Foro de Sao Paulo”, organización que reúne a los movimientos y partidos de extrema izquierda de Latinoamérica, incluidas organizaciones terroristas, cuestiona esta participación: “El imperialismo, ha inventado nuevas funciones para las FF.AA. para golpear a la fuerza revolucionaria: el narcotráfico y ahora el terrorismo. Son vehículos que han sustituido al anticomunismo”.