Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y ahora Argentina, cuyos gobiernos son el eje del denominado socialismo del siglo XXI, han convertido los poderes judiciales y por tanto la justicia de sus países (Argentina está ahora mismo en el proceso) en un mecanismo de persecución y represión. Han criminalizado la libertad y han judicializado la política.
En las dictaduras tradicionales los regímenes constituían sistemas de policía o de control político para perseguir y reprimir a los opositores, despojar empresarios, silenciar periodistas y para mantener amedrentada a la sociedad. Hoy, con los mismos propósitos, las dictaduras del siglo XXI han instituido la criminalización y judicialización de la represión; en lugar de que el opositor sea buscado por la policía política, en Venezuela, Bolivia, Ecuador… lo busca un fiscal, lo encausa por un “delito grave” ante la “justicia” que rápidamente lo encausa y encarcela.
El inicio del proceso judicial está acompañado de un sostenido y planificado ataque a la reputación de la víctima, con noticias usando todos los medios de comunicación bajo control del Gobierno, despachos internacionales y gran despliegue en Internet y redes sociales buscando legitimar la falsa acusación.
Las acusaciones van desde la difamación al jefe del gobierno y se concentran en terrorismo, genocidio, corrupción y delitos contra el estado. Los acusados no tienen ninguna posibilidad de defensa ante un proceso orquestado, con fiscales que son los creadores del caso y con jueces que reciben instrucciones del presidente, incluso públicamente y por televisión.
A los así acusados sólo les quedan tres posibilidades: tratar de defenderse desde la cárcel engrosando la lista de presos políticos; tratar de defenderse desde una situación de libertad provisional renunciando a su actividad; salir al exilio dejando su imagen pública en manos de los verdugos. De esta manera los gobiernos del socialismo del siglo XXI acaban con la libertad y con quienes consideran enemigos, sometiéndolos o imponiendo la autocensura.
Algunos casos como muestra: en Venezuela el sistema judicial de Hugo Chávez y ahora de su sucesor, procesan a opositores como Osvaldo Álvarez Paz, Leopoldo López, Nixon Moreno, militares como Felipe Rodríguez; a los comisionados Vivas y Forero; después de las impugnadas elecciones de este año al General Antonio Rivero; Enrique Capriles ya está públicamente amenazado y le han anunciado que tienen su celda lista; periodistas, estudiantes y empresarios están enjuiciados por el aparato gubernamental; el Universal.com ha registrado 194 procesos arbitrarios.
En Bolivia todos los expresidentes de la república estaban acusados penalmente por Evo Morales, hasta que en las últimas semanas el gobernante cocalero hizo terminar la acusación contra Eduardo Rodríguez para nombrarlo como su embajador en el tema del mar; procesos como el del estadounidense Jacobo Ostricher, y de los empresarios de aviación; acaba de cumplir un año en la Embajada de Brasil en La Paz, con asilo político pero sin salvoconducto, el senador Roger Pinto perseguido por Evo y sus jueces; el exgobernador Reyes Villa ha recibido varias condenas judiciales; dirigentes indígenas que defendían áreas protegidas han sido enjuiciados; el exgobernador del Beni procesado, el Pando preso, el de Tarija declarado prófugo; ministros y militares enjuiciados; dirigentes sindicales acusados .
En Ecuador la persecución judicial de Rafael Correa contra el diario El Universo y el periodista Emilio Palacio ha sido sin duda la más conocida. Pero existen muchos casos más, son perseguidos periodistas como Juan Carlos Calderón, Cristinan Zurita, Pablo Jaramillo, Fernando Villavicencio; policías como el Cnel. César Carrión y otros; asambleístas como Galo Lara, Clever Jiménez, Mery Zamora; dirigentes indígenas; los jóvenes de Luluncoto; empresarios, dueños de medios de comunicación, presentadores de televisión. Todos tratados como criminales sin posibilidad alguna de debido proceso, ni de igualdad jurídica, ni de presunción de inocencia.
Así funciona la persecución en los países del socialismo del siglo XXI, que se siguen haciendo llamar democracias.
* Carlos Sánchez Berzaín, es abogado y politólogo boliviano. Ha sido Ministro de Defensa y parlamentario en Bolivia. Actualmente preside el Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami.