Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Está muy claro que sobre los hombros del vicepresidente Glas ha recaído el nada liviano peso de dinamizar los sectores productivos en el Ecuador, con miras a generar empleo y reducir la pobreza. Para ese cometido, la atención no puede concentrarse solo en la inversión pública dando la espalda al sector privado, pues este último, más allá de prejuicios y sesgos ideologizados de algunos funcionarios del régimen, resulta pilar fundamental para la consecución de los antedichos objetivos.
Existe, empero, en general en el empresariado privado, un natural recelo por pasadas políticas o decisiones estatales que, a guisa de beneficiar a determinados sectores de interés –consumidores, deudores, demandantes de crédito, etc.-, han terminado estrangulando algunas actividades comerciales privadas, como las financiaciones del consumo, con lo que al final del día se perjudicó a los supuestos beneficiados, miles de ciudadanos de bajos ingresos, que vieron limitado -sino eliminado- su acceso al crédito. Nadie discute que la regulación estatal debe encargarse de frenar conductas abusivas, pero cosa distinta es que impere un demagógico adanismo normativo, que ha llevado incluso a prohibir con carácter general que las casas comerciales emitan tarjetas de crédito, en lugar de sancionar concretas prácticas condenables.
Para que el señor Glas pueda emprender con éxito su pesada tarea, como decía al inicio es imposible que prescinda del sector privado. No se trata de pedir permisos, como con buena dosis de perversidad se sugiere desde el estatismo a ultranza para ahondar distancias entre lo público y lo particular. Se trata de generar confianza. Se trata de establecer reglas claras y estables, que permitan planificar inversiones. Se trata de eliminar el tortuguismo burocrático, que impide concretar negocios o al menos los ralentiza (a propósito de esto último, es urgente la tarea con la superintendencia antimonopolio, la que usando todas las posibilidades a su alcance para ampliar y suspender los plazos, tardó casi siete meses en aprobar que una multinacional extranjera -que no operaba en Ecuador- compre una empresa local. Eso genera dañina incertidumbre).