Bernardo Tobar Carrión
Quito, Ecuador
El proyecto de reformas a la Ley de Mercado de Valores intenta simplificar el proceso de constitución de una compañía a 24 horas. Sería un buen comienzo hacia la modernización de un tema que, si bien es de rutina, impide en la práctica darle curso ágil a emprendimientos, inversiones, creación de fuentes de trabajo. Y solo un comienzo, pues con la existencia legal de una compañía apenas se abre la puerta de un verdadero laberinto regulatorio cuyo recorrido puede tardar varios meses hasta que una nueva sociedad está en condiciones legales de contratar empleados, imprimir facturas, vender productos, importar mercadería, ofertar al Estado… Hay, pues, mucho más que desenredar en la maraña burocrática, porque al proceso constitutivo de una compañía -asunto de varias semanas- le siguen meses hasta lograr permisos de funcionamiento, inspecciones, registros sanitarios, licencias, aprobaciones, calificaciones e intervenciones públicas de la más variada gama, resultado de décadas de promiscuidad regulatoria que ha logrado tejer una red normativa superpuesta, inconsistente, deliberadamente indescifrable, para beneficio de quienes saben cómo entra el agua al coco.
Este estado de cosas, al que denominaremos coco por su valor metafórico –duro, difícil de pelar, de poquísimo jugo luego de tanto esfuerzo- tiene raíces culturales, como el atrofiado sentido del tiempo, la desconfianza como regla, o el complejo colonial.
En cuanto al tiempo, el coco termina de llenarse de pelos antes de la existencia de Internet. Hoy, con la tecnología digital, un cliente en América puede ubicar en minutos a un proveedor en la China, enviarle en código binario el prototipo de un producto para su impresión tridimensional y fabricación en serie, y tener listo un contenedor para despacho en 24 horas. Por eso en algunas jurisdicciones constituir una compañía, registro tributario incluido, tarda 45 minutos, no un día. En Quito, la mejor ciudad del mundo según el lema municipal, nos parece normal que cualquier papeleo tarde meses o incluso años. El sentido de la urgencia, de la oportunidad, no hace parte del ADN nacional, y seguimos manteniendo procesos anteriores a la era digital.
Veamos el complejo colonial: en esa época existían pocos derechos y muchos permisos, que además se ganaban merced a reverencias y genuflexiones a los representantes de la corona. Esa cultura se aprecia todavía en el gesto exagerado de las salutaciones, la propensión a disculparse de todo, el protocolo previo con que se evita entrar en materia, el proceso burocrático dilatado e inútil.
Y quizás el factor cultural de mayor incidencia es la desconfianza. Como se parte de la hipótesis de que el prójimo miente, hay que empezar verificándolo, ejerciendo la duda sistemática, savia del bosque de permisos previos. Sean estas u otras las causas, lo que difícilmente puede negarse es su consecuencia: la sociedad dedica a lidiar con papeleos demasiado tiempo, esfuerzo y recursos que le rendirían más beneficio si se aplicaran a innovar, producir, construir. O simplementedisfrutar del tiempo libre, al menos hasta que alguien se invente un título habilitante para el ocio.
* El texto de Bernardo Tobar ha sido publicado originalmente en el diario HOY.