Juan Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile
¿Por qué una herida puede mantenerse abierta por cuatro décadas? ¿Por qué el dolor continúa, las fracturas se hacen evidentes y la verdad definitiva sigue siendo un camino a la vez sinuoso e interminable? El recuerdo del golpe militar que derrocó y provocó la muerte de Salvador Allende e inauguró una dictadura que se caracterizó por una combinación entre flagrantes violaciones a los derechos humanos, impronta liberal en lo económico y cambios constitucionales e institucionales que perduran hasta nuestros días, significa enfrentarse nuevamente con el evento más traumático y decisivo de la historia reciente de Chile.
El evento provocó una ruptura que dividió la historia, la sociedad y las familias chilenas. Fue catastrófico en tanto enterró a una democracia institucionalista que había elegido democráticamente al primer presidente socialista en América Latina, pero en un contexto de guerra fría, ello supuso una batalla soterrada entre los grandes jugadores globales de entonces y entre quienes, en el país, apoyaban ideológicamente dos bandos polarizados. La tensión no encontró puentes institucionales sino una separación cada vez más tirante, en donde la interacción anclada en cada verdad y proyecto, y la reivindicación de la opción de cada bando, llevó a un callejón sin salida.
El golpe se explica en ese contexto pero la ruptura de la institucionalidad y la brutalidad represiva que se vivieron no se pueden justificar dada la historia de la democracia chilena pero sobre todo por las vidas que cobró, por la imposición de una manera de ver la sociedad enfocada en el lucro de unos pocos y por el monopolio de poder que le dio a Augusto Pinochet, quien usufructuó del mismo. La idea de refundar los cimientos del país desde el liberalismo económico extremo y el paraguas constitucional que se mantuvo desde entonces (un verdadero cerrojo que desde 1980 no ha podido ser desmontado en su totalidad), tuvieron la luz de una lógica operativa funcional en lo económico, pero las sombras de la disfuncionalidad a la hora de discutir sobre un piso de protección social adecuado y la necesidad democrática de repensar los fundamentos de la sociedad.
Este complejo entramado de claroscuros fue lo que se mantuvo como constante en los 23 años de democracia posgolpe. Sus debilidades han ido quedando expuestas en los últimos años, cuando, desde la sociedad civil, surgen demandas que apuntan a la necesidad de cambios profundos al legado institucional (educación, pensiones y salud, las reformas más apremiantes) que se forjó en dictadura. Si a eso se suma el dolor que no se aplaca cuando los cuerpos de las víctimas de la represión siguen desaparecidos y cuando la clase política es apuntada por el dedo de su responsabilidad en el silencio frente a los abusos o la inexistencia de compromiso por modificar la constitución de Pinochet, se entiende el porqué 40 años después del golpe, la herida que produjo en Chile sigue abierta, supura y continúa doliendo.