Gonzalo Orellana
Londres, Reino Unido
Hace un par de meses en este mismo espacio destaqué el buen desempeño del Ecuador en el Índice de Competitividad mundial, hoy veremos la otra cara de la moneda. En el último reporte del Banco Mundial Doing Business el Ecuador aparece en el puesto 135 de 189 paises, prácticamente estancado desde hace varios años.
¿Como entender la diferencia de nuestro desempeño entre estos dos índices? Lo primero que hay que decir es que miden cosas distintas y utilizan información diferente, el Índice de Competitividad considera prácticamente todo: desde infraestructura a educación, del mercado laboral al nivel de innovación; el ranking del Banco Mundial es mas limitado y se enfoca únicamente en la facilidad de hacer negocios, es decir, suponiendo que quisieras empezar un negocio desde cero, cuanto tiempo y dinero requerirías.
Los resultados del ranking Doing Business en nuestro país son muy malos en casi todas las categorías: tiempo para abrir una empresa, trámites necesarios para exportar, tiempo necesario para declarar impuestos, etc. Este resultado demuestra lo complejo y largo que resulta el proceso de empezar un negocio y cumplir con todos los requisitos para hacerlo.
La mayoría de aspectos a mejorar en realidad son relativamente fáciles y no requieren grandes inversiones o cambios legales, lo que hace más difícil de entender que no se haya hecho nada al respecto hasta ahora. Según el informe, en Ecuador crear una empresa requiere 13 procesos, 55 días y una cantidad de dinero que representa un 25% del ingreso promedio de un ecuatoriano. Aunque las comparaciones son odiosas aquí va una que resulta esclarecedora: en Reino Unido crear una empresa toma un par de horas a través de un proceso online, gratuito y sin la necesidad de contratar abogados, asesores, etc. Detrás de estas facilidades hay una idea: hay que apoyar al emprendedor porque así se genera riqueza para toda la economía.
Otro de los aspectos en los que “rankeamos” muy mal es en las facilidades para exportar (puesto 122), aun cuando somos una economía dolarizada que requiere de dólares para funcionar y aun cuando el gobierno tiene como objetivo incentivar las exportaciones, vemos que son todo trabas: el papeleo (7 documentos), el tiempo requerido para exportar por primera vez, y el costo de exportar un contenedor (USD 1,535, un 50% más caro que en Chile o Costa Rica). ¿No podríamos facilitar el proceso, dejando al exportador que pruebe si su producto tiene acogida internacional y luego pedirle que regularice su situación? De esta manera, solo tendría que realizar trámites quien ha tenido éxito e incentivar a muchos pequeños productores para internacionalizar sus ventas. Pero hay parámetros donde estamos aun en peores condiciones, por ejemplo el tiempo que tarda en resolverse un caso de bancarrota en un juzgado ¡es de más de 5 años!
Las consecuencias de este tipo de «ambientes» poco propensos para hacer negocios son dos: la primera es que se establecen menos empresas de las que podrían crearse, si siendo tan complejo el abrir una empresa nuestro país tiene una cantidad importante y creciente de emprendedores, imaginemos cuantos más tendríamos si les facilitáramos la vida a quien quiera arriesgarse. La segunda consecuencia es que se creen las empresas pero que no cumplan con los requisitos solicitados por el Estado, y es aquí donde vemos más problemas. Una gran cantidad de negocios empiezan a operar aun antes de haber cumplido con todos los requisitos, poniéndolos en muchos casos en situación de ilegalidad; y aunque habrá quien prefiera ese estado, la gran mayoría seguramente estaría dispuesto a cumplir con todas la reglas si simplemente fueran más fáciles de cumplir.
Afortunadamente, el gobierno está empezando a entender la importancia de facilitarle la vida al emprendedor, es así que se ha decidido probar un plan piloto para reducir el número de trámites y de días para constituir nuevas empresas y trabajar bajo el sistema de «ventanilla única». También se ha cambiado la forma en que se gestionaban los permisos sanitarios para alimentos y medicinas, que hasta ahora consistían de procesos «kafkianos» que imponían un costo enorme en las empresas tanto en tiempo como en dinero.
Estos esfuerzos sin embargo son limitados y no consideran otros aspectos también muy relevantes y que muchas veces ni siquiera están en manos del gobierno central, por ejemplo los permisos de construcción (puesto 149) o el registro de la propiedad (puesto 91). La paradoja de nuestro país es que la mayoría de ciudades tienen procesos tan largos y complejos para autorizar una construcción que se ha fomentado la ilegalidad de miles de construcciones sin permisos ni planificación. Este ranking refleja una característica común en nuestro país: muchas leyes, muchas reglas y mucho papeleo, que castigan excesivamente a quienes quieren cumplirlas pero que poco efecto tienen en quienes las violan.