María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos
«Los años 2014 y 2015 son difíciles para la economía ecuatoriana, el 2016 va a ser mucho más holgado», afirmó Correa (diario El País, 27 de noviembre 2013). “El Gobierno recortará su cuota de subsidios para el próximo año”, publicó al día siguiente diario Expreso, dando cuenta de que según el presupuesto de 2014, el principal recorte está en la subvención de los derivados del petróleo como el gas doméstico y la gasolina. “El gasto social disminuye e incrementa el dinero para sectores estratégicos y producción”, dice también la nota.
¿Se acabó la fiesta? ¿Se reinvirtieron las ganancias a tiempo en el sector de hidrocarburos de todos estos años de bonanza histórica del precio del petróleo?
Si durante los siete años de “revolución ciudadana” la recaudación tributaria se triplicó –de $4.600 a $12.758 millones de dólares- y seguirá incrementándose para poder mantener el enorme aparato estatal, ¿no escuchan ya la olla de presión cuando el pueblo empiece a asumir los verdaderos costos de la gasolina, del diesel y del gas?
No es que debamos ser economistas, pero nadie está ajeno al simple entendimiento de lo que significa una ola inflacionaria. La vida se endurece, los alimentos se encarecen y los sueldos no alcanzan. La conmoción social de la eliminación de subsidios es mundialmente conocida: su pronóstico más frecuente es el derrocamiento del régimen, a menos que dé marcha atrás y los restituya, como debió hacer Evo Morales a pocas horas de su anuncio en 2010.
Ante un escenario de inminentes protestas sociales, es necesario radicalizar el control a los únicos capaces de transparentar la insatisfacción popular al país y al mundo: la prensa insumisa al poder.
Así, los allanamientos a quienes han denunciado las negociaciones de nuestro petróleo con China, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio; la persecución judicial a Bonil por el mero hecho de plasmar este abuso en una caricatura, son “ejemplarizadores”, una clarísima advertencia. Valga comenzar el 2013 con la radicalización de la censura, para la cual el poder se vale de todos los mecanismos que ya articuló previamente a su favor: una veintena de medios de comunicación bajo el control del Estado, “colectivos sociales” que existen y se deben en cuerpo y alma al opresor y acusan a los medios de toda suerte de discriminación; superintendencias de comunicación que han estrenado con gran diligencia la Ley Mordaza, y sin olvidar las infaltables sabatinas, enlaces y flashes informativos para desvirtuar cualquier denuncia irrumpiendo en programaciones en vivo.
A ello sumen la televisora y agencia que obedece los intereses propagandísticos del ALBA, Telesur y Andes; cuya integridad se viera amenazada ante el espantoso descubrimiento de que Martha Roldós y los autores del libro El Gran Hermano desarrollaban un proyecto de crear otra agencia que diera un contrapunto y que no dudaría en informar al mundo la insatisfacción popular en Ecuador. Solo así se entiende la saña con la que se han dedicado a asesinar la reputación de Roldós y el recuerdo de su padre Jaime Roldós, presidente trágicamente fallecido en funciones.
Es cierto que las distorsiones causadas por los subsidios son insostenibles Más aún cuando el dinero se acabó y no se implementaron los cambios y procesos necesarios cuando se pudo sino que se enfocaron los recursos en asegurar la reelección. Ecuador subsidia casi el 90% del precio del gas y el 70% del precio del diesel, que mayormente son importados, y haberlos eliminado durante la primera gestión difícilmente le habría dado al partido de gobierno una segunda oportunidad.
Ya venimos escuchando el discurso presidencial sobre cuánto afecta a la economía el mantenimiento de estos subsidios y que los precios actuales favorecen el contrabando fronterizo y la desigualdad social. Solo queda esperar a conocer el nuevo costo de la vida después de las Elecciones2014 en las que el oficialismo espera consolidarse en todos los rincones del país.
¿Recuerdan el despliegue de fuerza pública para reprimir las protestas de ambientalistas luego del anuncio de explotación del Yasuní-ITT, una vez que el oficialismo consiguió la reelección? Es muy probable que eventuales manifestaciones contra los efectos de la eliminación de los subsidios no sean cubiertas por los medios debido a que ahora, casualmente, pudieran cometer un nuevo delito con pena de 10 años de prisión: el de generar pánico económico.
Gracias a que se ha completado exitosamente este engranaje orientado a la radicalización de la censura, un aumento del costo de la vida no será televisado. Ahora le toca al pueblo pagarlo sin anestesia.