María Dolores Miño
Quito, Ecuador
A estas alturas de la historia republicana del Ecuador parecería innecesario explicar conceptos básicos de lo que constituye una verdadera democracia, pero estando a las puertas de un nuevo proceso electoral- el noveno en los últimos 7 años- es conveniente hacer un examen de lo que ésta constituye y si realmente es lo que obtenemos cada vez que acudimos a votar.
Para empezar, debemos tener claro que la existencia de una verdadera democracia no está limitada a la posibilidad de acudir a las urnas cada cuatro años, o cada año, como ha sido nuestro caso desde 2007. Una verdadera democracia existe cuando quienes han llegado a cargos de elección popular respetan de manera irrestricta la Constitución y las leyes, protegen el ejercicio de los derechos humanos y permiten una adecuada separación de poderes.
En una sociedad verdaderamente democrática deben coexistir todo tipo opiniones, posiciones y voces, a veces contradictorias entre sí y en muchos casos, críticas contra quienes al momento ostentan el poder. La pluralidad de ideas es lo que da a la democracia su verdadero contenido, así como el respeto irrestricto por las mismas y por quienes las expresan. En aras de esa pluralidad se protege inclusive a quienes abogan por un cambio de gobierno y a quienes presentan propuestas políticas distintas o contrarias a las del gobernante actual.
Resulta contradictorio con los principios democráticos, que todos quienes no comulgan con las ideas del mandatario de turno seas puestos en el mismo costal de los “Traidores”, “Terroristas”, “Agentes de la CIA”, “Vieja Partidocracia”, y “Prensa corrupta”. Como también lo es que toda observación a la gestión del gobierno sea asimilada a un intento de desestabilización, y por lo tanto castigada; que las demandas de grupos sociales sean confundidas con actos de manipulación de políticos en desgracia, y por ende ignoradas; o que las denuncias sobre actos de corrupción sean reducidas a meras mentiras de los “odiadores de siempre”, y por ello nunca sean investigadas.
La democracia supone el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos, en condiciones igualdad y sin discriminación. Por ende, no es compatible con su plena vigencia afirmar que solo quienes han ganado una elección popular tienen derecho a criticar y expresarse, así como es incompatible que mediante decisiones judiciales se le otorgue al Estado y a ciertas entidades públicas derechos que solo son de titularidad de las personas, justamente por su condición de seres humanos.
Democracia no solo supone convocar a elecciones, sino llevarlas a cabo en condiciones de igualdad para todos los contendientes y de respeto de la normativa electoral vigente. Un proceso donde ciertos candidatos cuentan con todo el aparataje comunicacional del gobierno para difundir sus propuestas, mientras que otros deben ajustarse al presupuesto limitado que le otorgan las autoridades electorales, es contrario a cualquier noción de equidad de armas. Tampoco es equitativo que un funcionario público pueda darse el lujo expresar abierta y públicamente sus posiciones a favor y en contra de unos y otros candidatos y hasta de sugerirles a los ciudadanos cómo votar, mientras que a la prensa se les prohíbe hacer lo propio bajo el pretexto de proteger la decisión del electorado de cualquier influencia.
Convocar a elecciones en democracia supone que existan diversos partidos, candidatos y propuestas, y que quienes están en la contienda deben tolerar ello en aras de fortalecer el derecho ciudadano a elegir. Si el adversario político es reducido a la calidad de “enemigo” por el solo hecho de representar una propuesta distinta, entonces, ¿para qué se convocan a elecciones en primer lugar si no es solo para cumplir con una mera formalidad en la Constitución?
Así las cosas, a los ecuatorianos nos corresponde preguntarnos si ejercemos con responsabilidad nuestros deberes democráticos, entendiendo, como ya dije, que la democracia no se agota en las urnas y la ciudadanía responsable no se termina al plastificar el certificado de votación fuera del recinto electoral. Ambos conceptos imponen a los ciudadanos el deber de fiscalizar a quienes sean elegidos por los próximos cuatro años, monitorear el cumplimiento de sus promesas de campaña, denunciar posibles actos de corrupción, velar por el respeto de los derechos de las demás personas y exigir que nuestras demandas sean atendidas, aun cuando no hubiéramos votado por el candidato electo. Si no asumimos estos deberes, la democracia en la que decimos vivir no será más que un concepto vacío que no servirá, como creo todos aspiramos, a desarrollarnos plenamente como sociedad y como personas.