Alberto Molina
Quito, Ecuador
Un manual sobre seguridad podría comenzar diciendo que, en relación con sus hipótesis de conflicto, un país tiene dos maneras de estar en peligro: una, por la fortaleza de la presunta amenaza; otra, por debilidad de la propia defensa.
El Presidente Correa como es de costumbre, a través de las sabatinas, anunció un plan para la reducción del gasto y el tamaño del personal de las FF.AA. con el envío a la Asamblea del IV libro del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Con este proyecto, el personal militar podrá ser transferido a las llamadas entidades complementarias de seguridad ciudadana las cuales se dividirán en dos, las que dependen del Ejecutivo, que son: Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y Guardia Nacional Ambiental, y las que dependen de los municipios: Policía Municipal o Metropolitana, Agentes Civiles de Tránsito y Cuerpo de Bomberos.
Se debe evitar tomar medidas que debiliten la defensa nacional, por lo tanto, lo sensato y responsable es que se visualice a través de un desarrollo que, a fuerza de ser equitativo, permita una defensa equilibrada; por lo tanto, no puede haber desarrollo equitativo ni defensa equilibrada si existen posiciones como el extremismo “ingenuamente” pacifista que subestima el rol de las FF.AA., en un mundo conflictivo lleno de intereses y amenazas; sería gravísimo apostar al debilitamiento de las fuerzas de seguridad. Hay que recordar, que el poder militar es un recurso de negociación, que el poder militar es un recurso de gestión política, y que el poder militar es un instrumento fundamental para la seguridad de los estados.
Las relaciones de civiles y militares deben fortalecerse como un principio tributario y no antagónico de unidad nacional. Para cumplir con estos imperativos unitarios; por un lado, los militares, deben estar subordinados al gobierno que legítimamente ha alcanzado el poder a través de las urnas, cumpliendo fielmente las misiones impuestas en la Constitución; por otro lado, el gobernante y las autoridades deben renunciar a la tentación de manipular a los militares para que defiendan sus intereses.
Sin duda en un Estado democrático deberá existir un control civil adecuado sobre las FF.AA.; sin embargo habrá que evitar que este control, no prive a estas de toda participación en la vida de la comunidad nacional.
Alcanzado los objetivos señalados, el gran beneficiario será el pueblo que demanda en forma urgente que le resuelvan sus problemas más acuciantes de seguridad, trabajo, salud, educación, vivienda, etc., de esta forma se alcanzará un desarrollo con seguridad, en un ambiente de respeto a la democracia, dentro de un marco de paz, justicia y equidad.