Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El límite al reparto de utilidades establecido en el proyecto de Ley Orgánica para Justicia Laboral que se debate en la Asamblea fija un techo de veinticuatro salarios básicos unificados (US$ 8.160) en la participación de utilidades que el trabajador de una empresa puede recibir. Los excedentes a este monto pasarán al IESS. Esto implicaría que esos trabajadores aportarían más al financiamiento del sistema de seguridad social, infringiendo la intangibilidad de derechos que la Constitución les garantiza.
La justificación del poder ejecutivo es que ciertos trabajadores ganan un monto excesivo en utilidades. Por lo que asumimos que el gobierno, en su infinita sabiduría, define el monto de dinero que alguien pueda poseer sin que sea reprochable, poniendo límite a la generación de riqueza y a la competencia. La justificación es que son pocos los trabajadores que reciben utilidades altas y por eso es justa la reforma. Lo cual significa violentar el derecho constitucional de la minoría. El nazismo razonaba igual. El argumento criollo es que el exceso de las utilidades iría a parar a las arcas del IESS, con lo cual, el tinglado oficial se disfraza como loable.
El IESS está desfinanciado porque el Estado no paga la parte proporcional de las pensiones que debe aportar por orden de la Ley de Seguridad Social.
En el referéndum del año 1995, el Ecuador no aceptó que su Constitución determine que “Toda persona tiene el derecho a escoger libre y voluntariamente que tanto el régimen de seguridad social, como sus prestaciones y servicios estén a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de otra institución pública o privada. El sistema de seguridad social se fundará en los principios de solidaridad y libre competencia”.
Si hubiésemos aceptado esta opción, no estaríamos sufriendo los abusos del monopolio que tiene el IESS, que a su vez es aprovechado por el poder ejecutivo para financiarse. Se habrían multiplicado las Administradoras de Fondos de Pensiones para fomentar el ahorro privado con rentabilidades superiores a la inflación. Nuestros problemas de salud serían atendidos por empresas de medicina prepagada de libre elección que nos permitirían a los trabajadores recibir un servicio médico privado de alta calidad basado en la libre competencia. Quien lo hubiera querido, también tendría la opción de acceder a los servicios del IESS.
El proyecto de Justicia Laboral busca ocultar la ineficiencia del sector público en la administración del IESS y nos obliga a ser testigos del maltrato a los jubilados y los trabajadores enfermos del Ecuador. Un gobierno que se desentiende de ese sector para concentrarse en la captación de recursos para su propio beneficio es el más cruel de los capitalistas.