Renato Rivera Rhon
Quito, Ecuador
En los últimos años, la economía de nuestra región experimentó un fenómeno de crecimiento sin precedentes, a razón del aumento en los precios mundiales de las materias primas; condiciones crediticias favorables por la enorme liquidez en los mercados financieros y la rápida expansión del crédito –este es el caso principalmente con China-, lo que permitió a todos los países lograr un desempeño económico sólido en los últimos diez años, con tasas porcentuales de 3,7 por ciento.
Este desempeño a nivel latinoamericano está cambiando y las economías regionales enfrentarán un entorno aún más complejo; curiosamente, las economías más importantes como México y Brasil sufrirán una desaceleración económica plausible, seguidos de cerca por los países exportadores de materias primas como Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. De hecho, estos sucesos ya pueden ser vistos en varios indicadores económicos. Para abril de 2015, el Fondo Monetario Internacional reveló una proyección de crecimiento regional de 0,9 por ciento, menor al 1,3 por ciento previsto inicialmente; complicando aún más la situación económica, lo que generaría “una posible desaceleración estructural” acentuando los riesgos de cometer errores en la elaboración de políticas internas, o estableciendo incentivos estatales excesivos o demasiada regulación del mercado.
Curiosamente, estos indicadores tienen una incidencia directa para la situación política actual del Ecuador. El país, al tener un aparataje estatal considerablemente grande-en comparación con el resto de países de América Latina y el Caribe- indudablemente necesita importantes ingresos económicos para cumplir sus metas políticas y sociales (siendo para el Ecuador la erradicación de la pobreza y generación de condiciones de igualdad). Por lo tanto, en épocas de vacas flacas, el Estado busca lograr sus políticas con los medios que se encuentren a disposición, siendo para este caso, la redistribución del capital heredado. Si bien es cierto que este ingreso ‘del capital heredado’ no representa un valor significativo para el presupuesto general del Estado; es importante tomar en cuenta que, el rol primordial del Estado es velar por el bienestar de su sociedad y esto nos lleva a pensar que, para cumplir las condiciones básicas de esta sociedad, es necesario lograr un crecimiento económico, pero sin dejar de lado condiciones básicas de igualdad, inclusión y justicia. Por lo tanto, si buscamos una sociedad económicamente próspera, debemos tomar en cuenta estos factores fundamentales de justicia social. Es bajo esta argumentación y frente a la crisis económica mundial que el actual gobierno tomó la iniciativa de lograr una redistribución del capital en función de la igualdad.
Muchas veces la población compara (con cierta inferioridad) nuestro país con sociedades europeas o específicamente a nuestra potencia más cercana, Estados Unidos. Lamentablemente, esa comparación se basa en niveles superficiales de acceso al consumo y no visualiza o añora, sus políticas o accesos a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Creo que hablo en el nombre de todos al soñar con educación gratuita de calidad, con un sistema de salud eficiente, con vivienda propia y sobre todo, con una sociedad culta que sea capaz de aportar al ejercicio de la política. Lamentablemente y como demostré anteriormente, el Estado afronta periodos complejos por las fluctuaciones internacionales y las empresas –al contribuir apenas el 50 por ciento de Inversión Extranjera Directa- pues tampoco aporta como una solución para lograr la igualdad. Nunca hemos pensado por qué somos la región más desigual del mundo y es precisamente por esto, nadie quiere ceder ni un poco su capital (sobrante o no, es irrelevante) por lograr la igualdad.
Esta columna de opinión no busca apoyar las decisiones del Estado, pero si busca esclarecer la razón y desafíos de la política económica nacional, que vienen de una arquitectura internacional injusta e ingrata con las economías en desarrollo. Injusta e ingrata, desde mi manera de ver, por el contexto internacional, pero también, por nuestra cultura política populista que no diferencia entre izquierda y derecha, y que al momento de partir el pastel, todos quieren sumarse al pedazo más grande.