Diego Grijalva y Priscila Hermida
Quito, Ecuador
Una perspectiva teórica
El dilema de la distribución de poder político entre Estado y sociedad radica en que tanto un Estado débil como uno muy fuerte tienen consecuencias negativas para la sociedad. Un Estado débil es incapaz de contribuir al desarrollo de un país y, en casos extremos (estados fallidos), ni siquiera puede mantener la ley y el orden. Por otro lado, un Estado demasiado fuerte limita las libertades y los derechos civiles y políticos, y coarta la creatividad y el espíritu empresarial.
Históricamente, la solución para este dilema ha sido el gobierno limitado: una configuración institucional en la que el Estado es capaz de mantener el orden y garantizar los derechos de propiedad de las personas, pero siempre bajo el control de la sociedad. La separación de poderes y los límites a la permanencia de los líderes políticos en el poder han sustentado este balance, dando lugar a procesos de desarrollo sostenidos y a un mayor nivel de bienestar (Besley y Persson, 2009; Dincecco, 2009; Acemoglu, García-Jimeno y Robinson, 2015, Acemoglu y Robinson, 2012)[1].
El caso ecuatoriano
En Ecuador, el colapso del sistema institucional a finales del siglo XX, que tuvo como expresión más palpable la quiebra del sistema financiero, debilitó las instituciones políticas, económicas, e incluso las que rigen la vida personal y familiar. La idea de un liderazgo político fuerte para paliar el vacío institucional se volvió atractiva para muchos ciudadanos. Esto a pesar de que son precisamente las instituciones, y no los líderes, las que determinan el bienestar de las sociedades (Acemoglu y Robinson, 2012).
Ocho años después del ascenso al poder de Alianza País, el proceso de cambio en marcha ha fortalecido el rol del ejecutivo, pero ha debilitado a las instituciones públicas y privadas. La empresa privada, las instancias de control, la prensa independiente, los organismos de la sociedad civil, e incluso los ciudadanos anónimos, han visto reducido su ámbito de acción o han sido activamente hostigados. El menoscabo de las instituciones está conduciendo a una concentración de poder sin comparación en la historia reciente del Ecuador y al abandono del diálogo y de la búsqueda de consensos como mecanismos de solución de problemas.
El debilitamiento de las instituciones tiene consecuencias y costos para todos los ecuatorianos. En términos económicos, observamos la pérdida de confianza de ahorristas, inversores, y del sector productivo en general. El país se ubica en el penúltimo puesto, sólo por encima de Venezuela, entre los receptores de inversión extranjera en la región (CEPAL, 2015)[2]. Los depósitos del sistema financiero se han reducido en 4% desde enero hasta julio del 2015. La falta de confianza de los mercados internacionales ha hecho que la deuda pública sea castigada en el mercado con tasas de interés del 8,5% y 10,5%, comparadas con tasas del 5,04% de Colombia. En un entorno externo complejo, el crecimiento esperado del PIB para el 2015 es de tan solo 0,4% (Banco Central del Ecuador, 2015)[3]. Para el ciudadano promedio, estas cifras se traducirán en un incremento en el desempleo y en la actividad económica en general, incluyendo aumentos en la pobreza y en la desigualdad.
¿Hacia dónde ir?
Frente a este panorama, es fundamental fortalecer la institucionalidad en el país, y abrir el debate a todos los actores de la sociedad, acerca de las reglas de juego que deseamos en el marco del respeto al Estado de Derecho. El programa político que llevó a la primera victoria electoral del actual gobierno tenía como motivación incrementar la participación ciudadana. La defensa del derecho y de la libertad para participar en la vida política, económica y social del país es el primer paso para establecer una institucionalidad de mejor calidad que la que tuvimos antes del 2007 y que la que tenemos en la actualidad. El pasado no es la única opción.
En esta línea, un objetivo común es el funcionamiento de la democracia como sistema político de pesos y contra pesos. Otro objetivo fundamental es mantener la dolarización, que ha permitido un horizonte de planificación temporal de más largo plazo para el ahorro y la inversión de las familias y empresas en el país. Como economistas, planteamos que las entidades de control y regulación económica deben volver a ser instituciones independientes y técnicas. Finalmente, esperamos que el ejecutivo no ceda a la tentación de profundizar el proceso de concentración de poderes e insistir sobre las enmiendas constitucionales. Las enmiendas, que incluyen la reelección indefinida, el cambio en el rol de las FFAA, etc. modifican las reglas fundamentales de juego, y por tanto deben al menos ser consultadas a los ciudadanos.
La adquisición de una fuerte institucionalidad es la mejor forma de garantizar el crecimiento económico y el desarrollo del Ecuador.
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[1] Acemoglu, D., García-Jimeno, C., y Robinson, J. (2015). State Capacity and Economic Development: A Network Approach. American Economic Review , 105 (8), 2364-2409.
Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Why Nations Fail, New York: Crown Publishers.
Besley, T., y Persson, T. (2009). The origins of state capacity: property rights, taxation and politics. American Economic Review , 99 (4), 1218-1244.
Dincecco, M. (2009). Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Revenues in Europe, 1650-1913. The Journal of Economic History , 69 (01).
[2] Banco Central del Ecuador (2015). Boletín de prensa, 30 de septiembre de 2015. Disponible en http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/836-en-el-segundo-trimestre-de-2015-el-pib-de-ecuador-mostr%C3%B3-un-crecimiento-inter-anual-de-10. Accesado el 2 de octubre de 2015.
[3] CEPAL. (2015). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.