Primero: “…es un amparo constitucional el que gana la Cervecería. Hay que preguntarse si hay un derecho constitucional a mantener un monopolio… … lo que dice el amparo constitucional es que al final del día se eleva a nivel de derecho constitucional mantener eso, cuando está en directa contradicción con el artículo 304 de la Constitución, que dice que el Estado deberá evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas”.
Lo anterior es falso: no hay parte alguna en la sentencia en que pueda leerse semejante zoquetada. Lo resuelto es que el señor Páez “violentó el debido proceso al imponer de oficio otro requisito adicional, dentro de un proceso que no era el determinado para ese tipo de casos” y que violó la seguridad jurídica por no respetar la norma que fija las causales por las que se puede cambiar una autorización (que había sido dada, poco tiempo antes, sin exigir la venta de Club, por sus propios subordinados, de la comisión de primera instancia).
Segundo: “Se está abusando de los jueces, se está sorprendiendo a los jueces, son temas nuevos, son temas muy complicados, requieren estudios… …son temas muy sofisticados que a la final a un juez lo terminan sorprendiendo y lo resuelve a veces en cinco minutos, sin ningún tipo de asesoramiento, sin ni siquiera pedir un informe de peritos, por ejemplo”.
Más allá de que no se requiere de peritos -en materia legal- para resolver sobre asuntos de debido proceso, ninguna autoridad de rango administrativo puede pretender ser inmune a la revisión judicial. Tamaña adefesiosa petulancia intelectual es inaceptable en un Estado que se dice de derecho (asunto sobre el que valdría la pena que el señor Páez organice -y asista a- algún “seminario”, sumándolo a los más de 2.500 que dice haber efectuado).