Sin duda, ha sido una década marcada de sinsabores. Pero ninguno, ni el mayor latrocinio en la historia del Ecuador, ni el abominable estado de propaganda, puede ser tan doloroso como las vidas perdidas en tiempos de una revolución que tuvo entre sus objetivos la exclusiva reivindicación de los Derechos Humanos de sus aliados ideológicos.
A falta de una justicia independiente, sería la justicia internacional la que señalaría al responsable de las muertes del 30 de septiembre en Ecuador. La demanda contra Rafael Correa presentada por el ex asambleísta Cléver Jiménez en junio del 2016 ante la Corte de La Haya marcó el momento en que el juicio de la historia emprendió su curso y el tan anunciado retiro presidencial a la academia europea dejó de pintarse tan color de rosa.
Por su parte y cumpliendo su papel revolucionario, la justicia ecuatoriana ha echado tierra sobre el informe pericial del Caso Gabela. El general asesinado en su casa en diciembre del 2010 había denunciado las irregularidades en la adquisición de sietehelicópteros Dhruv, de los cuales cuatro ya se han caído. Con una amenaza realizada por el general Rodrigo Bohórquez y registrada en vídeo, más un informe pericial que descarta la delincuencia común como móvil y que la ministra de Justicia Ledy Zúñiga tergiversó sin empacho ante la ciudadanía, difícilmente cuenta nuestra Justicia con un ápice de credibilidad. Desde el inicio, como declarara el perito del caso Roberto Meza, los ex ministros María Fernanda Espinoza y José Serrano intentaron dirigir el curso de la investigación de tal manera que se descartasen las denuncias de Gabela sobre los Dhruv y la forma como se condujeron las investigaciones de su muerte. Aunque el informe final presentado el 2 de septiembre de 2013 no parece gustar al oficialismo, la voz incansable de Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, no claudicará. Ni aunque tema correr la suerte de otra viuda, la del ex asesor del correísmo que filtrara los famosos “pativideos”, Quinto Pazmiño.
La muerte del periodista opositor Fausto Valdiviezo, acribillado en el 2013, tampoco encuentra sosiego. Recientemente y en plena campaña electoral, el candidato a asambleísta y hasta diciembre del 2016 ministro del Interior José Serrano, dio impertinentes declaraciones anunciando que habrían localizado en los Estados Unidos al autor material del crimen.
Un pésimo intento de ganar votos, supongo.
¿O se les está durmiendo el diablo? Serrano puede ser llamado a declarar por el caso del estudiante David Romo, a quien su madre reclama sin descanso como desaparecido desde mayo del 2013, pues el Ministerio del Interior así lo catalogaba. Extrañamente, la Fiscalía de Pichincha se abstuvo en 2014 de acusar al cobrador del bus en cuyo domicilio se encontró el celular de Romo y desde el cual este habría realizado la última llamada a su madre avisando que ya estaba camino a casa. Sorpresivamente, este enero el candidato a la asamblea José Serrano dijo en vivo y en directo al Ecuador que el universitario está muerto. Y dio detalles que nunca le dio a su madre, Alexandra Córdova, por lo cual ella ha pedido que el ex ministro Serrano sea investigado y clama «Si mi hijo David Romo está muerto exijo que me den su cuerpo».
Más casos de perseguidos y desaparecidos durante esta década podrían tratarse de crímenes no resueltos. Vivimos tiempos de autocensura para hablar de crímenes de estado, tiempos en los que activistas ambientales y hasta los mismísimos agentes de inteligencia han sido asesinados.
Por todos ellos, jamás olvidemos ni dejemos de luchar porque el sufrimiento no sea archivado, porque la justicia alcance a los responsables de tantas vidas perdidas y familias destruidas.
Porque los paraísos fiscales no sean los paraísos terrenales para los autores intelectuales de una década oscura y amarga en la historia del Ecuador.
Porque no vengan por más.
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