El adefesio es notorio: pretende imponer obligaciones de carácter administrativo (presentación de informes y creación de mecanismos de atención de reclamos, hasta con almacenamiento de pruebas y documentos en territorio ecuatoriano) a entes que no están -ni van a estar- bajo el control de nuestro Estado. Y albarda sobre albarda (o adefesio sobre adefesio), agrega que el incumplimiento de semejantes “obligaciones” sería sancionado con multas que hoy pudieran llegar hasta 375 mil dólares, que jamás pudiera tampoco cobrar, pues ni un abusivo cobrador con larga mano pudiera ejecutar en el exterior semejante torpeza.
Cereza del postre es que las pretendidas obligaciones serían aplicables a las empresas proveedoras de servicios para el uso de redes sociales “que alcancen los cien mil usuarios registrados de la República del Ecuador” (art. 1), gigante tronera para que nuestro criollo proyecto Eresictón se coma a sí mismo, pues parte del supuesto de que las citadas empresas tendrían que hacer, que sé yo, censos de verificación para constatar cuántos usuarios “de la República del Ecuador” va teniendo, más allá, obviamente, de que habría que empezar por entender qué mismo es aquello de que un usuario lo sea “de la República del Ecuador” (¿nacionalidad, residencia, lugar de apertura de la cuenta, lugar de uso frecuente, etc.?).
Bien haría, pues, la Asamblea, en no perder tiempo tramitando el esperpento, dedicándose en cambio a temas en verdad importantes, como rechazar de frente el proyecto de ley Odebrecht, del 13 de febrero de 2017, en el que se propone que la rebaja vigente, de la pena para quienes colaboran con la justicia entregando información que identifique a la cúpula de una organización delictiva en casos de alta relevancia social, ya no sea de hasta del 90 % (como hoy) sino solo de hasta el 50 %.