El proyecto ha sido aprobado con los votos de SUMA, el partido del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que se alió con Guillermo Lasso y cuyos asambleístas fueron elegidos en listas conjuntas. El argumento principal de SUMA y de los demás partidos de oposición, es que la voluntad popular expresada en urnas debe respetarse a como dé lugar y que por tanto estaban moral –e inclusive legalmente dicen algunos- a votar en favor de esta ley. Ello es falso, ningún asambleísta está obligado a votar de una u otra manera: se llama libertad de conciencia.
Pero lo verdaderamente importante es que los requisitos para ser presidente de la república o asambleísta, por mencionar un par de ejemplos, están expresamente señalados en los artículos 142 y 119 de la Constitución, respectivamente. Entre los requisitos para ejercer estos cargos no se encuentra el de no tener bienes en paraísos fiscales. Ello implica la necesidad manifiesta de modificar la constitución para establecer un nuevo limitante, una nueva restricción, a los derechos de participación política.
Pues bien, la misma constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, establece tres procedimientos para modificar su texto: la enmienda, la reforma y la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la enmienda y la reforma sólo proceden cuando la modificación al texto constitucional “no establezca restricciones a los derechos y garantías”; por tanto, la única forma de reconfigurar –léase limitar- un derecho constitucional, vital para la democracia en nuestro país, es la Asamblea Constituyente. Es un proyecto de ley inconstitucional por la forma.
Luego viene el argumento democrático: “aun así, el pueblo lo aprobó”. Pero es que el poder de las mayorías no es un poder absoluto. Precisamente para ello se acordó una constitución, que impone límites a lo que se puede decidir legítimamente en democracia y establece que cuestiones son innegociables, como son los derechos. Más aún, se engañó al pueblo ecuatoriano, pues la papeleta decía que de ganar el SÍ la Asamblea Nacional reformaría “la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes”. Es decir, nunca se preguntó al pueblo si deseaba modificar la constitución y por tanto se indujo a error en relación al alcance de la pregunta.
Además, es una ley anti-técnica, establece una prohibición absoluta a pesar de que, por ejemplo, existen funcionarios de carrera del servicio exterior que legítimamente podrían tener una casa o un automóvil en Panamá o cualquier otro país que el SRI decida considerar paraíso fiscal. Finalmente, ¿Cuándo los grandes saqueadores de la patria han declarado sus cuentas bancarias o empresas en paraísos fiscales?
Motivos para votar NO a este proyecto de ley sobran, pero en clave política las cosas funcionan de manera distinta. La principal fuerza de oposición no debería diluirse, peor desde dentro, dada la coyuntura política actual: es hacerle juego a Alianza País. Es quizá un grave error terminar una alianza legislativa, con muchos puntos comunes, por una ley que iba pasar igualmente, con o sin SUMA. Lo que es cierto, ahora más que nunca, es que CREO debe fortalecer sus bases, moderar el discurso y elegir cautelosamente a sus candidatos, pues de ellos dependerá la supervivencia del movimiento.
Es momento también de que el Presidente Lenín Moreno vete este proyecto de ley por inconstitucional y demuestre que su gobierno será, verdaderamente, democrático.