Perro muerto

En armonía con la derogatoria de tales multas, el proyecto propone (disposición transitoria cuarta) que los procesos administrativos sancionadores que estén en marcha en la Supercom queden sin efecto, sin imposición de sanción, pues obviedad es que si desaparece la pena no puede pretender el Estado continuar imponiéndola. Opera aquí con toda fuerza el principio constitucional de favorabilidad, según el cual si una ley posterior a la (real o supuesta) infracción es más benigna que la previa, debe aplicarse la nueva, por ser menos rigurosa (Constitución, art. 76, 5º).

Inexplicablemente, sin embargo, el propio proyecto pretende que ese principio constitucional de favorabilidad no se aplique en los casos en que se esté discutiendo judicialmente multas impuestas previamente por la Supercom (disposición transitoria tercera). Pretende el proyecto que el Estado siga gastando dinero en litigios en que defiende, en general, las actuaciones abusivas del censurado exsuperintendente Carlos Ochoa. Y pretende seguir exponiéndose a indemnizar a los afectados.

Esto es inadmisible. No solo porque no se está frente a multas firmes o consolidadas (el proceso judicial en marcha lo impide). No solo porque no tiene sentido que el Estado pretenda tramposamente embolsicarse multas que hoy considera improcedentes. No es solo eso. Lo peor es que el tratamiento diferenciado (procesos administrativos en marcha versus procesos judiciales en marcha) resulta restrictivo del principio de favorabilidad, pues desaparecida la sanción no puede ejecutársela. A nadie. Esa restricción también es inconstitucional (Constitución, art. 11, 4º).

Muerto el perro se acabó la rabia. Pero aquí quieren dar perro muerto. Toca a la Asamblea corregir el despropósito.

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