Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Le llegó el turno a la Corte Constitucional, el baluarte más importante que tuvo la dictadura corrupta que nos gobernó por una década. Durante todo ese tiempo los magistrados que por allí pasaron, con raras excepciones, se postraron ante los pies de un régimen corrupto y abusivo, violador contumaz de derechos humanos. Magistrados que avalaron con su silencio o con sus decisiones las más atroces arbitrariedades y sandeces que se le ocurría al exdictador y su pandilla de delincuentes, decisiones que llenan de vergüenza la historia del derecho constitucional contemporáneo.
Desde la excarcelación de un violador de una menor con el argumento de que lo suyo era un delito político; así como su cadena de resoluciones aceptando dócilmente todos los estados de excepción declarados por el exdictador –solo entre 2008 y 2014 hubo 36 de estos decretos–; hasta sus sentencias rechazando las demandas contra la ley mordaza y otras iniciativas ciudadanas; la revocación de sentencias dictadas por la justicia ordinaria para satisfacer los intereses de entidades públicas en detrimento de los derechos de los ciudadanos; hasta su fallo que permitió al excontralor Pólit ser designado para un tercer periodo, en el que, a propósito, obtuvo 100/100. La reciente sentencia contradiciéndose de lo que dijo hace pocos años sobre la libertad de expresión es solo un manotazo de ahogado que confirma su falta de seriedad, al margen de los méritos que tenga su decisión.
La lista de ignominias de la Corte Constitucional es larga. No solo se trata de la cantidad de barbaridades que de allí salieron, sino del papel determinante que ella tuvo para encubrir el abuso del poder; tarea infame que la empaquetó con ese ampuloso y rimbombante discurso de un neoconstitucionalismo que ella acuñó a su medida para ocultar su doblez y estulticia.
Ahora resultaría que sus magistrados están en la mira de las autoridades de control de lavado de activos. Esto es lo último que le faltaba a la revolución ciudadana: la Corte Constitucional convertida en una caseta de peaje. Aún está viva la imagen del hermano del secretario de la Corte Constitucional corriendo con un cheque de un millón de dólares en su bolsillo por las calles de Quito para esquivar a los periodistas que lo seguían para que explique cómo así lo había contratado una empresa que tenía un caso en la Corte cuando apenas se había graduado una semana atrás. Mucha agua y otras cosas parecería que han corrido por sus corredores.
Como sucede con otras entidades que vienen siendo escudriñadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en el caso de la Corte Constitucional la ciudadanía debería sentarse a reflexionar sobre ella. ¿No debería eliminarse el control que ella ejerce sobre las sentencias firmes que dicta la justicia ordinaria? ¿Debe intervenir la Corte Constitucional en los juicios políticos? ¿No debería pasar el control constitucional mejor a la Corte Nacional como sucede en otras naciones? Y así por el estilo.
Por ahora que se vayan estos individuos que tanto daño le causaron al país. (O)