Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
La Constitución de Montecristi no llegó al extremo bárbaro de declarar que el Banco Central (BCE) sea dependiente del Ejecutivo. Se limitó a decir que “es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley” (art. 303). Fueron sucesivas leyes dictadas en el correísmo las que lo sometieron, rebajándolo a oficina subordinada a Carondelet, bajo el mando de facto, en la última época de ese régimen, del inefable memo que “manejaba” la economía.
Primero fue una reforma legal de octubre de 2009 la que estableció que el directorio del BCE quedaba integrado, básicamente, por ministros o delegados del Ejecutivo, en lugar de (como era antes) vocales propuestos por el presidente de la República al Legislativo (con período fijo y cuya remoción solo podía darse con mayoría reforzada, lo que les daba autonomía para decidir). Luego vino la frontal eliminación de ese directorio y el traspaso de todas sus funciones a la actual Junta de Regulación Monetaria y Financiera, también dominada por el Ejecutivo, con arreglo a las disposiciones del Código Monetario.
La subordinación del BCE ha resultado a todas luces perniciosa. Solo para dar un ejemplo, recuérdese la dación en pago que se le enchufó al final del gobierno Correa (la CFN, Banco del Pacífico y Seguros Sucre) para simular con artificiosa maniobra contable que se rebajaba la deuda del Estado en más de dos mil millones de dólares.
Para terminar este asunto no se requiere, entonces, reforma constitucional. Basta una reformar al Código Monetario. Ya hay en esa línea un proyecto presentado, el 18 de julio pasado, por legisladores de varias tendencias a la presidenta de la Asamblea. Ahí se propone reinstaurar un directorio para el BCE, regresando a su antigua conformación (vocales propuestos por el presidente de la República al Legislativo, para un período de seis años), el que además asumiría todas las funciones de la Junta de Regulación, que desaparecería. El problema es que hasta esta fecha ni siquiera ha sido admitido a trámite. Sigue engavetado.