Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
¿Cómo pueden seguir yendo a la Asamblea a ejercer sus funciones los asambleístas que están involucrados en la grotesca práctica de corrupción de apropiarse de parte de los sueldos de sus asesores o de los empleados que ellos recomendaban para ocupar cargos públicos? La principal función de los legisladores es representar al cuerpo social. La de legislar y fiscalizar son las otras dos. ¿Cómo puede esta gente seguir actuando como nuestros mandatarios? ¿Qué autoridad moral tienen para hacerlo? Dicen que habrá que esperar el “debido proceso”, otros hablan de “la presunción de inocencia” y que primero debe haber sentencia judicial. ¿Quién ha dicho que la conducta de los legisladores, o de los funcionarios públicos en general, únicamente puede ser sancionada cuando haya un tribunal penal que los condene?
Hay una enorme franja de la conducta humana que no es necesario que sea juzgada ante un tribunal para merecer una sanción. Actos que riñen contra la ética, contra la probidad, contra la moral, contra la dignidad, contra la decencia, por parte de quienes actúan en la arena pública, deben tener una sanción jurídica, un costo político y un reproche social. ¿Cómo puede ser que haya asambleístas que a pesar de haber sido glosados nada menos que por la Contraloría General sigan actuando como legisladores? En cualquier país medianamente civilizado a esta gente como mínimo se les habría suspendido de sus funciones, sin sueldo, hasta que se aclare su situación en el ámbito legal. E igual cosa se les aplica a los jueces y fiscales que incurran en actos reñidos contra la ética, aunque no configuren necesariamente en delitos, o enfrenten una investigación previa. Así como a abogados u otros profesionales.
Pero en el Ecuador de hoy pedir esto parece ser un imposible. En el Ecuador de la herencia correísta no hay espacio para la ética, ni hay lugar para la decencia. A los nuevos ricos nada de esto les interesa, y a los asambleístas, por lo que se ve, les resbala también. Luego de una década de haber sido gobernados por una banda de delincuentes parecería que la corrupción se quedó impregnada en el aire que respiramos, se la siente deambular por los corredores del poder y transpirar por los poros cotidianos del tejido social.
Y encima son arrogantes. No contentos con haber saqueado las arcas fiscales y haber abusado del poder como ningún gobierno lo ha hecho, se dan el lujo de pagar cientos de miles de dólares a una decena de abogados para que dizque hagan de observadores. Al exdictador es obvio que le sobra el dinero, y se ve que prepara una ofensiva en el plano internacional una vez que se sabe derrotado en el plano interno. Por ello es por lo que urge avanzar en los otros procesos penales contra él y su círculo mafioso.
Piedra sobre piedra deberá nuestro país resurgir de las cenizas en que lo dejó la pandilla correísta que nos gobernó por una década. Es una tarea dura pero necesaria. (O)