Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
La presión tributaria en Ecuador es alta. Cada vez tenemos que trabajar más días del año para financiar al Estado. En el año 2000 eran 44 días; en el 2008 fueron 55; en el 2018, 79 días; y en el 2019 trabajamos hasta el 19 marzo para pagar todos los impuestos que nos cobra el Estado.
Esto incluye los aranceles, por ejemplo, que son más altos que el promedio en la región, haciendo que los productos que importamos para consumir y producir cuesten más. Objetivo: financiar al sector público. Resultado: nos restan competitividad.
Ecuador tiene un gasto fiscal excesivo para un país de nuestro tamaño. El rol de pagos del gobierno central es del 8.7 % del PIB, cuando el promedio mundial de los países de entre 10 y 20 millones de habitantes es de 6%.
Adam Smith decía que la ciencia económica se debe concentrar en beneficiar al consumidor y no en las empresas. Es decir, que el consumidor tenga un mayor poder adquisitivo para que tenga una mejor calidad de vida. Ese debería ser la principal meta de un gobierno.
¿Cómo se logra eso? Mediante la libre competencia entre los comercios y manteniendo los impuestos bajos. La ventaja de ese ambiente de negocios es que al incrementar el poder adquisitivo del consumidor, las empresas crecen y por ende, se pueden contratar más trabajadores que se encuentren en el desempleo.
Las normas laborales inflexibles, las dificultades que presenta el INEN y la tramitología excesiva son otra traba que cuesta dinero a quienes hacen negocios en el país. Esos aspectos tienen varias desventajas: encarecen el precio final de los productos y servicios que compramos y mantienen a una gran mayoría de comerciantes en la informalidad porque es caro ser formal en el Ecuador.
La informalidad es inconveniente para el mismo Estado: no le permite recaudar impuestos de esa gran masa; crea competencia desleal a los formales y desmejora la calidad de vida de esos ciudadanos a los que el Estado debería proteger porque, por ejemplo, los informales solamente tienen accesos a créditos del chulco, lo que, por su costo, mantiene a ese deudor en la informalidad.
Debemos impulsar una ley de fomento productivo que facilite la formalidad y una reforma tributaria integral que derogue impuestos, tasas y contribuciones excesivas, así como impuestos que al SRI le cuesta demasiado recaudar, disminuyendo su eficiencia.
También hay que eliminar impuestos inconstitucionales como el anticipo de impuesto a la renta y que el SRI mejore los tiempos del proceso para la devolución del IVA, para no restarle liquidez a los contribuyentes.
El consumidor comprará menos si la presión fiscal continúa creciendo para mantener a una burocracia improductiva que no invierte en el contribuyente, que debería ser el principal beneficiario de cualquier política económica.