Hernán Pérez Loose
Quito, Ecuador
Buena parte de la élite ecuatoriana ha hecho un notable trabajo en distanciar las raíces de la crisis económica que sufre el país de la corrupción del sistema político. Con la siempre oportuna ayuda de afanosos encuestadores y consultores han logrado convencer a no pocos de que la corrupción no es “prioritaria” para el ecuatoriano pobre y que lo único que le interesa es “tener un empleo”. Pocos son los políticos que no solamente tienen claro que ambos fenómenos están intrínsecamente ligados, sino que, además, su quehacer público se sustenta en combatirlos por igual.
Diga lo que diga el FMI o los teóricos socialistas, según el caso, el Ecuador jamás saldrá de su atraso económico, ni podrá cerrar la brecha de pobreza, así como del escaso o nulo dinamismo empresarial, mientras no tenga una clase política honesta, una dirigencia y burocracia que no vea en la cosa pública una oportunidad de enriquecerse. Sin una cultura de civismo no hay sociedad que haya prosperado.
Las recientes revelaciones de dos periodistas –que hoy son perseguidos a la vieja usanza del correísmo y del febrescorderato– sobre una red de aportes ilegales de empresas contratistas del Estado a las campañas electorales del movimiento que nos gobernó, ha puesto de relieve el impresionante grado de corrupción que atraviesa todo el sistema político.
¿Cuánto es entonces el sobreprecio de la obra pública en el Ecuador? ¿30 por ciento, 40 por ciento, más de la mitad? ¿Cuántas escuelas y hospitales y buenas carreteras tendría hoy el país? ¿Cuán desarrollado sería nuestro sistema educativo o nuestro sistema de justicia o nuestro sistema de seguridad si no hubiésemos tenido una clase dirigente corrupta como la que hemos tenido en las últimas décadas? ¿Cuánto hemos perdido, por ejemplo, en el robo de Coca Codo Sinclair o los contratos con las empresas chinas o la manera como se comercializó nuestro petróleo?
Fueron alrededor de 70 mil millones de dólares los que se robaron únicamente en la pasada década. Más que la deuda pública. Los responsables de este atraco andan libres gracias al poder que ostentan. El capo de la mafia vive cómodamente en Bélgica y buena parte de su pandilla deambula como si nada por el país. Se saben protegidos por padrinos a los que han servido y por nuestra cultura de impunidad y olvido. Se sienten tan seguros que avisan que no saldrán del país y hasta ofrecen cínicamente colaborar con las investigaciones.
Para variar, todos dicen que no sabían nada de lo que pasó. Y, claro, a las empresas involucradas y a sus contratos nadie los toca, mientras que la legislatura, no se diga la “oposición”, guarda silencio. Uno de los pocos políticos que entendieron la íntima conexión entre crisis económica y corrupción política fue Julio César Trujillo. En estos días habrá muchas demostraciones de admiración hacia él. La mejor forma de homenajearlo es profundizar la reinstitucionalización que él comenzó, exigir el encausamiento de toda la mafia correísta y demandar la devolución de su gran atraco. Lo demás es pura palabrería.(O)