Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Uno de los legados más nefastos de la década de la dictadura correísta fue el haber creado un emporio de frecuencias de radio y televisión en favor de un empresario extranjero de nacionalidad mejicana-estadounidense. Lo hicieron con burdo desprecio de lo que mandaba y manda la Constitución de Montecristi y legislación sobre comunicación, que prohíben el acaparamiento de frecuencias en una sola persona y más aún en manos de empresarios extranjeros (tal como se prohíbe en muchas naciones). Irónico, ¿verdad? Tanto se llenaron la boca criticando a la supuesta oligarquía de medios, tanto que abogaban por la democratización del espectro, y, sin embargo, terminaron haciendo exactamente lo contrario.
Esta situación ha sido denunciada. Lo ha hecho la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), de reconocido prestigio internacional. Lo ha hecho la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, de incuestionable seriedad intelectual. Lo han hecho varios medios de comunicación independientes del país. Pero, sobre todo, lo ha hecho nada menos que la Contraloría General del Estado. Es más, la propia Asamblea Legislativa en las últimas reformas a la Ley de Comunicación introdujo una disposición dirigida a eliminar esta situación. Todas estas instituciones, abierta o indirectamente, señalan al Sr. González como beneficiario del más grande emporio de frecuencias del que se tenga noticia en el país, a pesar de lo que dice la Constitución y la ley.
Muchos creyeron que con el advenimiento del nuevo gobierno esta situación de ilegalidad y abuso cambiaría. Pero no. No solo que no ha cambiado, sino que se ha tendido una suerte de manto de impunidad y silencio para que el asunto quede en el olvido, para que este escándalo sea enterrado por algún otro escándalo. ¿Qué piensan de esta situación los llamados partidos de la oposición, sus líderes, o los futuros candidatos a la presidencia? ¿Pesa más el temor de enemistarse con este emporio mediático que los valores de la transparencia y legalidad de los que tanto hablan, especialmente en elecciones? Y los empresarios, los grandes defensores de la libre competencia y la seguridad jurídica ¿qué dicen y qué han hecho ante un caso tan grotesco?
No es una coincidencia que este acaparamiento que hoy recibe la protección del Gobierno y de buena parte de la clase política ecuatoriana fue aupado por el gobierno más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia. Solo la banda de mafiosos que nos gobernó fue capaz de recurrir a decretos, reglamentos y resoluciones todos preñados de fraude, maniobras en las que eran expertos, para alcanzar tan ilegítimo propósito. Si hay un ejemplo de lo que se conoce como “desvío del poder” –ejercicio de competencias administrativas para fines diversos a aquellos para los que fueron otorgadas– es precisamente este caso. Con el agravante de que aquí hay una manifiesta violación constitucional.
¿En serio el Gobierno y los políticos creen que los ecuatorianos son tan tontos que no se dan cuentan de todas estas maniobras, impunidades e hipocresías? Y luego se lamentan cuando irrumpe por allí un mesías. (O)