Gato por liebre

Eduardo Carmigniani

Guayaquil, Ecuador

El próximo viernes se cumple un año de presentado por el presidente Moreno el proyecto de ley “anticorrupción”, que propuso entregar incentivos económicos de hasta el 20 % a quienes den información que permita al Estado recuperar activos obtenidos ilegalmente. La propuesta incluyó no solo los casos en que estén envueltos recursos originalmente del Estado, sino también aquellos en que los activos fueron obtenidos “en perjuicio” del Estado, concepto mucho más amplio.

Pese a que en el mundo entero el sistema de delaciones ha resultado eficaz para recuperar activos ilícitos, e incluso la banca internacional es aliada (pues aplicando la normativa global sobre lavado de activos puede ayudar a recuperarlos, recibiendo el incentivo), el proyecto está engavetado en la Asamblea desde el 21 de mayo de este año, cuando la comisión respectiva entregó al presidente de la Asamblea el informe para segundo debate. Desde esa fecha, que se sepa al menos, no se ha fijado fecha para que el pleno lo conozca.

Pero no se trata de tortuguismo solamente. El informe para segundo debate introdujo modificaciones sustanciales al proyecto del presidente Moreno, que al disimulo lo harían inútil, en intolerable tomadura de pelo. Veamos:

Primero, se pretende limitar la recompensa a quien presente formalmente una denuncia, como consecuencia de la cual se dicte una sentencia penal firme por ciertos delitos. Se excluiría, entonces, a los informantes que ayuden a encontrar activos ilícitos de quienes hoy ya están procesados o sentenciados, si es que no fueron -esos informantes- los “denunciantes” del delito.

Segundo, la exigencia de sentencia penal firme por delitos específicos (peculado, cohecho, etc.) de por sí excluye casos en que la obtención “ilegal” de activos en perjuicio del Estado no constituye, necesariamente, delito penal, e incluso excluye aquellos casos en que siéndolo no están en la lista propuesta (no están, por ejemplo, defraudaciones tributarias o aduaneras).

El pleno de la Asamblea tiene ahora la palabra, para enmendar la plana a la comisión (si lo convocan…).

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