Washington, Estados Unidos
La literatura sobre globalización es un producto de fines del siglo XX. Nos habla de un Estado que ha perdido capacidad regulatoria ante el comercio, la movilidad del capital, la rapidez del cambio tecnológico, la información irrestricta y las migraciones masivas. Como resultado de todo ello, el Estado estaría «en retirada».
Más aún, en alguna versiones de esta literatura, la propia idea de Estado-nación y las concepciones tradicionales de soberanía se consideran anacrónicas, inútiles como herramientas analíticas para comprender las nuevas tendencias globales.
Con el auge del regionalismo, la propagación de acuerdos de integración económicos y políticos profundizó la idea que el Estado ya no podía por sí solo, que debía asociarse. Ello a efectos de proveer bienes públicos —prosperidad, estabilidad y seguridad— con un mínimo de certeza.
La proliferación de bloques, una verdadera sopa de letras a escala planetaria, ilustra el alcance de dicha tendencia, mas allá de las diversas modalidades e intensidades de la integración. Desde una modesta unión aduanera hasta una completa integración política y monetaria, el regionalismo es un vehículo de relocalización de los mecanismos de gobernanza sistémica, los cuales se desplazan al nivel supranacional, acuerdos de integración, o bien al nivel subnacional, los espacios geográficos compartidos, por ejemplo las zonas de frontera en una frontera ahora porosa.
Advirtiendo esta dinámica, estudios posteriores comenzaron a hablar de «glocalización», lo global y lo local tratados como un mismo fenómeno, precisamente para dar cuenta de esta dualidad, en ambos casos en detrimento de lo nacional. Con ello surgió una diferente conceptualización del territorio, ya que ambas opciones, global y local, expresan la erosión de la autoridad y la legitimidad del Estado frente a su sociedad.
El fin del siglo XX también fue testigo de la terminación de la Guerra Fría y la caída del comunismo en Europa, con la concomitante expansión y profundización de la Unión Europea. Ello aceleró el ímpetus del regionalismo en la configuración de un nuevo orden internacional.
En simultáneo, sin embargo, dicho proceso también produjo una reconfiguración del mapa europeo, pues no se trató únicamente de un cambio de régimen. Recuérdese que tres Estados —la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia— se transformaron en 22 de la noche a la mañana, en varios casos de manera pacifica, el divorcio de terciopelo de Praga y Bratislava, pero en otros con guerra y genocidio, los Balcanes.
Es decir, el supranacionalismo creó su propio antídoto con el surgimiento de los nuevos nacionalismos del siglo XXI, propagados rápidamente por el resto de Europa y más allá. En realidad, aquel nuevo orden internacional del cambio de siglo ni siquiera llegó a conformarse. Nótese que World Order, de Henry Kissinger, publicado en 2014, es en más de un sentido acerca del emergente «desorden» del sistema internacional.
Es que desde Westfalia en 1648 hasta OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955, el orden internacional solo se pudo construir, y de manera precaria, sobre la base de un sistema de Estados soberanos, en opinión de realistas como Kissinger la única organización capaz de neutralizar la ausencia de una autoridad internacional legítimamente constituida. O sea, la única forma de poder capaz de remediar el dilema de la anarquía.
Es un debate que regresa con fuerza en esta suerte de post-multilateralismo actual. El reclamo soberanista de hoy es por un tipo de orden que vuelva a poner el centro de gravedad en el Estado-nación. Y, no accidentalmente, dicho reclamo tiene protagonismo tanto bajo un orden político autoritario como bajo uno democrático, a su vez en el marco de estructuras normativas también marcadamente divergentes.
Algunos ejemplos, China invoca la soberanía nacional para neutralizar un desafío subnacional, el de Hong Kong, que cuestiona la legitimidad del orden político oficial, el régimen de partido único. Maduro es en extremo «westfaliano», al pretender hacer dentro de sus fronteras lo que le venga en gana sin rendir cuentas a nadie. Es que los tratados y convenios de derechos humanos implican siempre, y por necesidad, una cierta cesión de soberanía.
Trump se enfrenta a la inmigración, proponiendo un país para sus nacionales basado en el control férreo de las fronteras. Bolsonaro apela al mapa cuando refuta al multilateralismo del clima. Le dice al mundo que la Amazonia queda dentro de las fronteras de Brasil, es decir, reafirma su soberanía.
Y, por supuesto, el Brexit, que pone en jaque la propia integridad del diseño más ambicioso de gobernabilidad supranacional, la Unión Europea. Boris Johnson anunció que se produciría el 31 de octubre, con o sin acuerdo de salida, decisión que apuesta a focalizar el grueso del intercambio comercial británico sin someterse a las directivas de Bruselas, teoría de la dependencia de este siglo y en versión británica.
Es decir, es un argumento sobre la soberanía. El problema del nacionalismo en boga es dónde se traza la línea, o sea, hasta dónde puede llegar el reclamo. En otras palabras, si el referéndum escocés se hubiera llevado a cabo después y no antes del referéndum sobre el Brexit, ¿alguien duda que los independentistas habrían vencido? ¿Y qué habría hecho Londres ante semejante crisis constitucional? Algunos dicen que la Unión Europea no tiene futuro, pero otros que el Reino Unido está destinado a desaparecer.
No es necesariamente política ficción. Piénsese en Italia: donde hoy existe un Estado, existían diez o más, dependiendo de cómo se cuenten las diversas entidades y ciudades semiautónomas. Lo cual además es muy reciente, la unificación de la península ocurrió en 1870. Dicha tendencia en reverso y a un extremo —esto es, la desagregación que propone la agenda nacionalista de hoy— significaría no un sistema sino una colección de unidades políticas inviables. Es decir, el completo desorden.