Guayaquil, Ecuador
¿Qué haría la Municipalidad de Guayaquil si un día la empresa concesionaria del servicio público de suministro de agua suspende sus operaciones por estar inconforme con una decisión gubernamental que eleva sus costos? ¿Qué haría la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito si la concesionaria del aeropuerto de Tababela cierra sus puertas alegando una razón similar? ¿Puede un concesionario privado de un servicio público (electricidad, telecomunicaciones, recolección de basura, etc.) suspender los servicios alegando que sus costos han subido por una resolución del gobierno central?
El derecho administrativo ha desarrollado una serie de figuras que viabilizan la prestación de servicios públicos por parte de empresarios privados, pero por el hecho de que el servicio lo preste un privado ese servicio no deja de ser “público”, siendo uno de sus principios el de su continuidad.
¿Cuál es el estatuto jurídico del transporte público en el Ecuador? ¿Por qué sus empresarios gozan de un privilegio que no lo tienen, y ni se atreven a soñar con tenerlo, otros empresarios que prestan servicios públicos, como es esta prepotencia de suspender sus operaciones cuando sus costos se ven afectados?
¿Por qué los poderes públicos toleran esas suspensiones del transporte público a diferencia de lo que harían si un concesionario de los servicios aeroportuarios o suministro de agua haría cosa similar? ¿O es que las municipalidades de Quito y Guayaquil aceptarían bonachonamente que esos concesionarios suspendan sus servicios del agua o del aeropuerto hasta que el gobierno les dé tal o cual beneficio? La explicación de los abusos de las empresas de transporte público está en la corrupción.
El transporte público es uno de los tantos nichos de corrupción contra el cual nadie hace nada. Es otra de las caretas de un Estado construido sobre mentiras, abusos y trampas. Y es lo que ha sucedido también con los combustibles.
Por más de cuarenta años nuestro país vivió la ficción de los precios de los combustibles. Medio siglo de vivir de una mentira. Medio siglo durante el cual el subsidio fomentó las fortunas de empresarios; ayudó a grandes contrabandistas de frontera y de alta mar; hizo ricos a burócratas petroleros que feriaban los famosos “cupos”; convirtió en millonarios a políticos dedicados a actividades económicas basadas en ese subsidio; y, últimamente, hasta facilitó al narcotráfico. Es decir, toda una orquesta de sanguijuelas que vivían a costa de nuestros impuestos.
Por supuesto que hay que hacer más. Hay que permitir, por ejemplo, la libre importación de combustibles, su almacenamiento en instalaciones privadas y su comercialización, para que en igualdad de condiciones estos operadores compitan con Petroecuador, y podamos beneficiarnos de calidad y precio.
Pero al menos el primer paso se ha dado. Una decisión difícil que no la quisieron adoptar algunos que han controlado este país por décadas y que hoy se rasgan las vestiduras cantando entre lágrimas de cocodrilos canciones de la vieja guardia.
Pero volvamos al inicio, ¿van las municipalidades a sancionar a los transportistas que suspendieron el servicio público o renunciarán también a esa potestad? (O)