Hana Fisher
Montevideo, Uruguay
En el 2004, el Frente Amplio estaba a las puertas de ganar la presidencia de la república. En consecuencia, había interés por saber si su pensamiento se había aggiornado. Es decir, si seguía anclado en la década de 1960 o si por el contrario, se había tornado socialdemócrata.
Los estudios de opinión indicaron que en el Frente Amplio convivían dos sectores, uno de izquierda radical y otro más moderado. Sin embargo, ostentaban un rasgo común: parecían desconocer los principios que sustentan a una república. Concretamente, parecían creer que los gobernantes, «podían hacer lo que quisieran». No tenían para nada claro que el «corazón» de una república democrática es la limitación del poder.
Desde que gobierna la izquierda a partir de 2005, paulatinamente ha ido erosionando las bases republicanas. La pérdida de derechos y libertades ciudadanas se ha ido produciendo sin pausa. Simultáneamente, aprueba normas que acrecientan el poder arbitrario de las autoridades; la tendencia es impedir que sean controladas por el poder judicial o el parlamento.
Se acumulan los episodios que así lo demuestran. Un primer jalón en ese camino lo dio José Mujica cuando fue presidente (2010-2015). Molesto porque la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varias leyes por él promovidas (algunas atentaban contra la propiedad privada), asfixió económicamente a esa rama del Estado. En gran medida, esa práctica fue continuada por su sucesor, Tabaré Vázquez (2015-2020).
No hay que ser muy sagaz para comprender que con medidas de ese tipo, se busca «domesticar» a la justicia independiente.
Tan brutal ha sido esa actitud que en setiembre de 2016, el entonces presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, advirtió que el Poder Judicial tiene «dificultades para que los juzgados estén abiertos a fin de año» porque no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a «los gastos de teléfono, de luz y de papel».
Pérez Manrique denunció en esa ocasión, que el Poder Judicial se maneja con un presupuesto «con valores de 2010» debido a que no recibe incrementos presupuestales desde hace «tres instancias presupuestales» (las de 2013, 2014 y 2015).
Esta situación se mantiene prácticamente incambiada. Un informe de 2018 señala que «no se recibieron en las instancias presupuestales del 2015, 2016 y 2017 los recursos para cumplir todas las metas previstas […] Por la falta de recursos, hubo que implementar rápidamente medidas para racionalizar los gastos y asegurar el funcionamiento del servicio de Justicia en todo el país».
Mujica promulgó una «ley de medios» que otorgó al Ejecutivo 15 minutos diarios, gratuitos, de una cadena de radio y televisión. Vázquez la utilizó desembozadamente para hacer publicidad a favor de su partido en la presente campaña electoral.
Además, está utilizando los recursos del Estado como si fueran suyos.
Entre esos excesos, utilizó la página institucional de la Presidencia para promover a los candidatos de su partido y denigrar las propuestas y referentes de la oposición. Algo expresamente vedado por la Constitución.
Tan grande fue el abuso, que los representantes del Partido Independiente presentaron un recurso de amparo ante la justicia, para obligar a Presidencia a eliminar esas notas e impedirle que persista en esa actitud.
El juez actuante fue Carlos Aguirre. En la audiencia propuso una fórmula conciliatoria: «sin calificar la licitud o ilicitud del acto, a los efectos conciliatorios como propuesta de la sede y a efectos de salvaguardar la figura de la Presidencia de la República, como garante institucional de un sistema republicano y democrático de gobierno, se aviene a sacar de la página web la comunicación realizada y a ordenar a José Luis Veiga (director de Comunicación) se abstenga de publicar cualquier cosa de contenido electoral».
Los representantes del Partido Independiente aceptaron el acuerdo propuesto. La abogada de Presidencia dijo que tenía que consultarlo. Al rato volvió con una respuesta negativa.
Dicha respuesta asombró al juez. Tanto, que le preguntó si había comunicado bien la propuesta conciliatoria. Ella respondió: «Doctor, eso fue lo que transmití y me dijeron que no, que no van a bajar».
El juez inquirió a quién había consultado. La abogada contestó que «al secretario de Presidencia», lo que indujo al juez Aguirre a expresar que «se ve que no era alguien entendido en Derecho a quien usted le trasmitió» [la propuesta].
El juez falló a favor del Partido Independiente condenando «a la secretaría de comunicación institucional de presidencia a que en el plazo de 24 horas retire de su portal las publicaciones denunciadas y a que se abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario convocado».
Pero la cosa no quedó ahí. Poco antes de que esta sentencia se conociera —aunque ya se intuía— el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó una denuncia personal contra el juez Aguirre ante la Suprema Corte de Justicia.
En el escrito, Toma expresa que se sintió «afectado» por lo que Aguirre dijo y además, que hubo «prejuzgamiento» del magistrado en este caso. Por tanto, pide que se tomen «correcciones disciplinarias y sanciones severas» contra el juez porque atacó su «reputación» y «prestigio».
No contento con eso, poco después Toma presentó una ampliación de la denuncia, exigiendo una «medida ejemplarizante» para el juez Aguirre por parte de la Suprema Corte. ¿Está amedrentando a la Justicia?
Otra «perla» de este nefasto proceso, es lo sucedido en las elecciones nacionales del 27 de octubre. Ese día, además de elegirse los cargos de diputados y senadores, se plebiscitaba una reforma constitucional promovida por Jorge Larrañaga, un senador de la oposición.
El Frente Amplio se oponía ferozmente a ella e hizo implacable propaganda en contra. Como los miembros del partido gobernante y sus aliados sindicales y de organizaciones sociales se van sintiendo cada vez más poderosos, el día de la elección «manos anónimas» robaron y destrozaron papeletas con el «sí» a la reforma. Tan impunes se sienten, que incluso varios se sacaron fotos mientras realizaban esos actos vandálicos.
Lo sucedido, es una conducta cuyo propósito es distorsionar la voluntad popular. Es una línea de acción cuya meta es el fraude electoral.
«Como todo fraude, el electoral, consiste en una o más maniobras engañosas o maquinaciones, para lograr en este caso, cambiar el resultado que hubieran tenido los comicios sin esas intervenciones ilícitas. Es un delito con fines políticos y en contra de la democracia, pues atenta contra la real voluntad de la mayoría popular».
Larrañaga hizo la correspondiente denuncia ante la Corte Electoral. Expresó que «las maniobras fueron evidentes y eso manchó la instancia electoral y la tradición del país. Pasó en centenas de lugares».
La Corte Electoral acogió la demanda. Por consiguiente, anunció que el organismo hará una denuncia ante la Fiscalía por los «hechos con apariencia delictiva» ocurridos con las papeletas del «sí» a la reforma conocida como «Vivir sin Miedo», durante la votación de este 27 de octubre.
Hasta ahora, las instituciones republicanas uruguayas, en gran medida, han soportado los embates autoritarios del gobernante Frente Amplio. Sin embargo, se sabe que esas presiones van desgastando. Y si a eso le sumamos que se ha venido acogotando financieramente a los órganos de contralor y al Poder Judicial, el horizonte para la república no se avizora muy auspicioso.
Pero por suerte, hay esperanza de que el país retorne a sus cauces republicanos, si es que en el ballotage del 24 de noviembre hay un recambio de partidos en el poder.
- Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Su texto ha sido publicado originalmente en el sitio PanamPost.