Guayaquil, Ecuador
La pandemia del Covid-19 ha devastado las economías de casi todos los países del mundo, ha desnudado la precariedad de los sistemas de salud, de la seguridad social y estamos temerosos y a la expectativa del coletazo económico-social del futuro inmediato. En nuestro país, la pandemia de la corrupción ha sido aún más grave, la purulencia moral se ha desbordado, ese virus lo hemos visto en toda su dimensión. Las autoridades que debieron ser las celosas guardianas de los sagrados dineros que los ciudadanos, ingenuamente, les confiamos que los administren, simplemente se han robado y no han tenido un ápice de remordimiento haberlo hecho en momentos de la mayor tragedia que ha sufrido nuestro atribulado país.
La corrupción no es nueva. Desgraciadamente se ha convertido en un mal endémico en los 10 años nefastos de gobierno de Rafael Correa, etapa de bonanza económica nunca vista en la historia del Ecuador; el monumental saqueo a los fondos públicos y el despilfarro han quedado hasta ahora, en la impunidad.
Son miles de millones de dólares que se esfumaron; los contratos amañados para facilitar los ilícitos que en su mayoría fueron denunciados por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). La lista es larga y el país espera de los órganos de control y de la Justicia, resultados. Los negociados de la compañía brasileña Odebrecht; los proyectos Coca Codo Sincler, Hidroélectrica San Francisco, Manduriacu, Toachi-Pilatón; Caso Singue (En la lista de procesados está el exvicepresidente Jorge Glas), Poliducto Pascuales-Cuenca, El Aromo- Refinaría del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, Petrochina, Seguros Sucre. Y otros que prácticamente están en el olvido: las cocinas de inducción, los contratos para provisión de placas y chalecos reflectores para la ANT, los Helicópteros Dhruv, Duzac y Cofiec, los negociados con Venezuela, a través del Sistema Único de Compensación Regional (S.U.C.R.E.) y un largo etcétera.
Lenin Moreno ofreció hacer realidad su oferta de campaña: “la lucha contra la corrupción será implacable. Vamos a practicar una cirugía mayor”, dicha oferta no pasó de ser un slogan. Por desgracia, los actos de corrupción se han multiplicado y se cometen a plena luz del día, pero lo más grave es la impunidad, pese a que el pueblo ecuatoriano aprobó la primera pregunta de la Consulta popular del 4 de febrero de 2008, con un abrumador 74.1%, no ha pasado nada.
El Art. 233 de la Constitución, se modificó de la siguiente forma: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”.
Además, “Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.”.
La Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas (CNA-G), ha venido denunciando desde hace meses, documentadamente, los actos de corrupción, especialmente, en los Hospitales del IESS, sin embargo no ha habido los resultados esperados. Como si esto fuera poco, la Prefectura del Guayas, aprovechándose de la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus, se presume que ha realizado contratos con sobreprecio, utilizando testaferros; además, con agnados y cognados de la autoridad; a esto se ha sumado, no sólo el contagio de miles de personas y muertes; se han agudizado los problemas sociales de desempleo, hambre y miseria; los más pobres han sido, como siempre, las verdaderas víctimas.
La CNA-G y el suscrito, se suman al clamor ciudadano y exige a las autoridades de Gobierno, de Control y de la Justicia que procedan con celeridad y firmeza en contra de los responsables de estos despiadados actos de corrupción.