Guayaquil, Ecuador
En 1995, Sixto Duran Ballén convocó a una consulta popular que contenía 11 preguntas muy importantes que apuntaban a la reforma del Estado. Se preguntaba si se estaba de acuerdo con que los gobiernos seccionales administren las competencias de educación, salud, vivienda, vialidad y ambiente; con que los ciudadanos escojamos el régimen de seguridad social, pudiendo algunos quedarse en el actual sistema de reparto y otros ingresar en el sistema de capitalización individual; con que los diputados sean elegidos por distritos uninominales; y con otras diversas reformas a la justicia ordinaria y constitucional muy convenientes para el país.
Con el cuento de “Dile no a Sixto” la clase política nacional de derecha a izquierda se opuso a la consulta y ganó el NO. Poco tiempo después, en la Asamblea Constituyente de 1997-98 se retomaron todos estos temas. Algunos salieron y otros no, pero la Constitución configuró un marco de gobernabilidad para cualquier gobierno que asumiera.
Lo que no recogió la constitución de 1998 se intentó el 2001: desde el gobierno de Gustavo Noboa se envió al Congreso una reforma política que le pisaba los callos a la partidocracia y a los partidos y el Congreso ni siquiera se molestó en tratarla. Y después vino la Constitución a la medida: 444 artículos en una Constitución enorme, hecha como un traje para que gobierne Correa por mil años e implante en el Ecuador un socialismo retrógrado y totalitario que terminó, de paso, siendo corrupto.
Uno de los méritos históricos del Presidente Moreno es haber desmantelado el correísmo y haber permitido que la Fiscalía y las Cortes dejen de ser sucursales verdeflex y actúen con independencia para juzgar los innumerables casos de corrupción producidos durante la década perdida.
En la desarticulación del correismo jugó un rol vital el Dr. Julio César Trujillo, quien literalmente, “murió en el intento” como se suele decir.
Uno de los engendros de la Constitución del 2008 fue el Consejo de Participación Ciudadana, una especie de Sanedrín criollo que terminaba siendo el actor principal en los nombramientos de las altas autoridades del Estado. Cuando se trató de votar por los nuevos vocales dentro del proceso de renovación (“consejeros” se llaman), buena parte de la ciudadanía acogió la tesis de votar nulo con el objeto de restarle total legitimidad a ese Consejo.
Bastó que alguien lo sugiera para que otros digan lo contrario. Al final del día se los eligió y ellos escogieron al ex cura Tuarez para que lo presida, el cual fue separado de su ministerio por la Conferencia Episcopal y luego separado de su cargo por la Asamblea Nacional. Han pasado ya dos años de aquella historia y el Consejo de Participación Ciudadana sigue vivo y aunque actúa con carné de minusválido debido a que no tiene credibilidad, forma parte de las instituciones republicanas.
En esta línea de acción la reforma política ciudadana propuesta por Gustavo Noboa, Rosalía Arteaga, Simón Espinoza, José Ayala Lasso, Hernán Pérez, Pablo Dávila, entre otros, obtuvo ya el dictámen de constitucionalidad para proceder a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, al rediseño de la Función Legislativa a través de un congreso bicameral y a la independencia de la Fiscalía, la cual dejaría de depender de la Función Judicial. Reformas políticas sin duda indispensables para mejorar la calidad de la democracia.
En lo económico, el Partido Social Cristiano y varios gremios impulsan una consultar popular que obligue al estado ecuatoriano a conceder préstamos a pequeños productores a tasas de interés preferencial, semillas y materiales gratis, sanciones a los intermediarios, políticas de información del IESS/BIESS, políticas ambientales, transferencias automáticas a los GADS y otras de similar naturaleza.
No se trata de reformas estructurales sino de políticas económicas que en mucho dependen del gobierno de turno. Sería de esperar que, luego de los sucesos de octubre, que costaron vidas y bienes, y luego de la pandemia, que ha desnudado la inoperancia del IESS y la corrupción del manejo hospitalario, se le pregunte al pueblo si deben mantenerse los subsidios a los combustibles, totalmente regresivos; y, si la administración del IESS debe ser concesionada a empresas privadas especializadas en el tema.
Si el pueblo blinda con su respuesta positiva esas preguntas, el país empezaría realmente a cambiar. Las otras preguntas son, con mucho respeto a los proponentes, cambios cosméticos o, en su defecto, reformas que no requieren una consulta popular sino decisión política de los ministros de turno. Y plata en el presupuesto.