Giuseppe Cabrera V.
Quito, Ecuador
El nombre es lo de menos, puede llamarse Congreso, Asamblea o Parlamento; el fondo es que es una de las tres funciones clásicas nacientes de la democracia liberal, el Legislativo. El mayor órgano de representación popular y la segunda función del Estado, no la primera, como muchos asambleístas repiten, porque vivimos en un sistema presidencialista.
Con este artículo, tal vez me embarco en una de las tareas más difíciles y más impopulares, que es el defender a un órgano con el 85% de rechazo. No tengo un interés particular, más allá del cívico, democrático y académico; en los tiempos que corren, es penoso, pero toca dejar sentadas estas aclaraciones: ni busco una candidatura, ni trabajo en la Asamblea.
Y es que, desde activistas políticos hasta el recién creado Comité por la Institucionalización Democrática, compuesto por figuras políticas de antaño y articulistas de opinión, buscan mermar la capacidad de representación del legislativo, sin medir consecuencias y al son de las encuestas, sin un mínimo de reflexión o análisis conceptual, que supere la doxa de Parménides, o sea la vía de la opinión que nos aleja de la vía de la verdad.
Voy analizar cada una de las propuestas más sonadas, desde el enfoque de la ciencia política, para entender por qué dar paso a esas medidas, sería un retroceso democrático y además no mejoraría nada, solo limitaría el ejercicio democrático.
La primera y tal vez, la más apoyada, que los asambleístas no ganen un sueldo, sino que reciban dietas por sesión o peor, que ganen el sueldo básico. Antes de hacer juicios de valor, tenemos que tener puntos de referencia, que nos permitan construir parámetros de comparación y es
que, sin eso, no podemos decir que sus sueldos sean altos o bajos. Si comparamos los 5 mil dólares que gana un asambleísta este momento, con lo que ganan los legisladores en el resto de legislativos, tenemos de los sueldos más bajos de toda la región. Solo teniendo un sueldo más alto que el de Bolivia y Guatemala, ambos con un PIB menor al de Ecuador y con poblaciones más pequeñas.
Entonces, en comparación no es un sueldo alto, nos guste o no, eso es un dato real, en lo que entran las valoraciones es si cumplen o no con sus funciones para ganar ese sueldo y para eso, está el voto, que mediante el juicio retrospectivo (votar conforme lo que hizo ese político previamente en el cargo) deberíamos no renovar nuestra confianza en él y no darle
el voto.
El segundo elemento a tomar en cuenta es que, si los asambleístas ganaran solo la dieta por sesión o el sueldo básico, una persona de clase media, profesional, no podría ser asambleísta, porque necesita ingresos de los cuales vivir. El ser legislador es un servicio público, no un voluntario o centro de caridad. Un buen legislador debería tomar más de 8 horas diarias
en cumplir sus funciones y con esta medida, solo quienes tienen recursos económicos, por medio de los negocios privados, tendrían la capacidad de ejercer el cargo, porque no subsistirían de ese sueldo.
Y deberíamos sospechar de quienes ejerzan el puesto por puro altruismo. Ya vimos cómo han sabido redondear el sueldo, por medio de contratos con el Estado, manejo de hospitales y venta de puestos en sus provincias de representación, a cambio de sus votos en la Asamblea.
Nadie se hace rico con el sueldo actual de un asambleísta durante 4 años, que nos quede claro. Reducir el sueldo, incentiva la corrupción, de eso hay muchas investigaciones. Los países con los mejores sueldos a sus funcionarios públicos, incluidos jueces y asambleístas, son los menos propensos a ser sobornados y cometer actos de corrupción. Los que con hipocresía demandan sueldos más bajos, es porque viven de los fondos del Estado desviados irregularmente.
Corrupción, elitismo y una democracia, de acceso real, para muy pocas
personas, es el producto de una reducción. Los partidos de élite ya existieron y solo los aristócratas, llegaban a ocupar esos cargos y por eso se creó la burocracia dentro de la Asamblea y sueldos conforme a sus responsabilidades.
Tienen la mayor responsabilidad del país, al decidir sobre nuestros destinos y pactos normativos. El sueldo permitió que las clases medias ilustradas,
académicos, líderes laboristas y sociales, accedan a ocupar esos cargos en toda Europa, para representar sus intereses y balancear el juego político.
La segunda propuesta es la reducción de asambleístas. Algunos hablan de pasar de 137 a 70 y en realidad, no he escuchado buenos argumentos para hacerlo, más allá del desprecio al ejercicio de la actividad legislativa.
De nuevo, en comparación tenemos un órgano legislativo reducido, tomemos como ejemplo a Uruguay que, con poco más de 3 millones de habitantes tienen 129 legisladores entre sus dos cámaras o Guatemala con poco más de 17 millones y 160 diputados en su Congreso o cruzando el charco, Grecia con 10 millones de habitantes y 300 diputados, que es regla en toda Europa, al ser sistemas legislativos.
Entonces, de nuevo, más allá de la opinión, objetivamente nuestro órgano legislativo, es uno pequeño. Cualquier argumento en contrario es mero sesgo, porque objetivamente no es cierto. Ahora, lo importante ¿por qué
debe mantenerse el número?, sino en un escenario de estabilidad económica, incluso ampliarse.
Bueno, esto es porque mientras mayor número de escaños hay para repartirse, mayor es la representación, lo que aumenta los niveles de identificación frente al órgano. Cuando tenemos una Asamblea poco proporcional, la población siente que sus posturas no están siendo
representadas en el legislativo, porque llegaron solo los partidos condicionados a las candidaturas presidenciales mayoritarias.
Poniendo otro ejemplo, si en 2013, la candidatura ganadora, logró obtener el 75% de representación en la Asamblea con el 52% de los votos, eliminando escaños, hubiesen logrado el 100% de representación y probablemente los mismos que hoy abogan por esta reforma, reclamarían que nuestro sistema es desproporcional.
No importa la fórmula electoral que usen, puede ser D’Hondt o Webster (Saint-League), ambas fórmulas funcionan con circunscripciones grandes, como las que deberían regir en Pichincha, Guayas y Manabí de 12 a 16 legisladores, por la provinci. Con la división que hicieron de las circunscripciones solo benefician a los partidos mayoritarias, de ahí que no haya sido sorpresa que el socialcristianismo haya bloqueado la reforma al Código de la democracia, para su eliminación, para mantenernos con el mito de que todo Guayas es amarillo como la 6. A menor distribución de escaños, menor representación, lo que significa que es una propuesta regresiva en términos de ampliación de la democracia.
El hiperpresidencialismo no nace por el exceso de competencias del presidente, sino por el despojo de atribuciones de la Asamblea. Con la
reducción tendremos más caudillismo, menos debate y menos pluralidad.
La última es tal vez la más inoperante, no precisamente menos o más democrática. La propuesta de regresar al sistema bicameral. El sistema de bicameralidad, con generalmente un Senado o Cámara Alta, funciona para dar la posibilidad de un doble debate sobre los temas propuestos, permiten que haya mayor discusión.
Pero nuestra Asamblea tiene rezagados cientos de proyectos de ley sin debatir. Crear un Senado, solo ralentizaría los procesos de producción
normativa. Y la figura de hecho, de la entrada por el ‘ministerio de la ley’, el mayor legislador en nuestra Constitución actual, es el presidente que el periodo 2013-2017 presentó el 70% de las leyes que fueron aprobadas. Siendo además ese el primer ataque del ejecutivo actual a la Asamblea, la presunta lentitud de la Asamblea.
Los Senados, en toda Europa, pierden cada vez más sus atribuciones mediante reformas y enmiendas constitucionales, que otorgan esas
funciones al Congreso, al ser entendido como la Cámara del pueblo. En los casos de Colombia, Chile y Estados Unidos, el Senado no es una cámara de revisión o cámara alta, tienen la misma jerarquía.
Los Senados también funcionan como órganos nacionales. Esto significa que en estados federados como los Estados Unidos o comunitarios como España, unifican al estado-nación en un órgano común representativo, por la misma condición de descentralización de esas naciones.
Ecuador es un Estado unitario, no necesita un órgano de unificación. Además, de ser un Estado plurinacional, con jurisdicciones de los pueblos y nacionalidad indígenas con delimitaciones geográficas diferentes a la división política en provincias del país, por lo que, atentaríamos con ese principio de plurinacionalidad. De la forma en la que se plantea el Senado en el país, los pueblos y nacionalidades no tendrían ninguna representación en esa cámara y erróneamente se quiere poner al nivel de nación a las provincias del país.
Diferente al caso de España, por ejemplo, donde las 17 comunidades sí se referencian territorialmente con naciones, como el País Vasco o Cataluña.
La democracia tiene que ir siempre en el camino de su ampliación. Para los problemas de la democracia, la respuesta es más democracia, no cerrar sus fuentes para imponer soluciones elitistas y retrógradas. Que además, son planteadas de los sueños trasnochados de formas de democracia controladas y aristocráticas y no toman en cuentan las nuevas tendencias encaminadas a la radicalización de la democracia y su profundización.