Quito, 25 jun (EFE).- Ecuador cuenta desde hoy con una nueva Ley de Comunicación, que castiga el «linchamiento mediático», es decir los ataques reiterados en los medios para menoscabar la imagen de personas o instituciones, lo que ha generado aplausos del oficialismo y críticas de ciertos sectores profesionales.
La norma entró en vigor un día después de que el Gobierno ecuatoriano anunciara que estudia una petición de asilo para Edward Snowden, acusado por Estados Unidos de filtrar informes secretos, aunque él asegura que su motivación para ello fue la defensa de la transparencia y la libertad de prensa.
Al respecto, el diario El Universo, crítico al Gobierno, cita hoy un editorial del estadounidense The Washington Post, en el que presume que «si Snowden hubiera hecho su filtración en Ecuador, no solamente él, sino cualquier periodista que recibiera su información podría ser sujeto a inmediata sanción financiera, seguida por un procesamiento».
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, es considerada por el oficialismo como un freno a los supuestos abusos de la prensa, mientras sectores periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión la tachan de ser una norma «mordaza».
Sobre la promulgación de esta norma, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dijo que hoy es «un día negativo para el periodismo independiente, para la prensa privada y para la libertad de expresión en Ecuador».
«Implica un golpe muy fuerte al desarrollo y protección de los derechos fundamentales, incluidos la libertad de expresión y opinión», dijo Cornejo a Efe.
Entre las novedades de esta ley, además de la creación de la figura del linchamiento mediático, está la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la «vigilancia, auditoría, intervención y control», de los medios de comunicación.
También instituye el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, reglamentos e informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
Esta ley «busca castigar la opinión crítica a la gestión de las autoridades y funcionarios públicos», según Cornejo, quien consideró que la figura del «linchamiento mediático» esta «descrita en términos muy vagos y generales» e «implícitamente propende a la censura previa de la información».
El asambleísta por Alianza País (oficialista) Miguel Carvajal consideró por su lado que esta norma es «un hito en la construcción y profundización de la democracia».
Carvajal, en una entrevista en el canal Gama TV, recogida por la agencia gubernamental Andes, indicó que «Ecuador necesitaba una Ley de Comunicación plena, objetiva y veraz, que evite los abusos por parte de los poderes mediáticos sobre la honra de las personas».
En su opinión, en el país hacía falta una ley que garantizara libertades, derechos, el respeto al trabajo de los periodistas y que ampliara la protección de los derechos ciudadanos por medio de una comunicación objetiva.
Con motivo de su entrada en vigor, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió desde Miami que la nueva ley oficializa una nueva serie de «delitos de prensa» que privilegian al Gobierno sobre el derecho a la información de los ciudadanos como el «linchamiento mediático».
Para Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, esta nueva ley «debilitará los procesos de investigación periodística e impedirá que el público, que la ciudadanía conozca lo que los poderes tratan de ocultar».
«La Ley no sólo valida la mordaza sino que establece la censura previa y crea las instancias que identificarán y sancionarán las violaciones, dando al oficialismo el poder absoluto para eliminar la libertad de expresión y de prensa», agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
Añadió que a la SIP no le sorprende «que el Gobierno del presidente Correa continúe creando ‘delitos de prensa’ con el objetivo de blindar a su Gobierno de la crítica y la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, le siga dando la espalda a los ciudadanos».
También la Unión Europea (UE) se pronunció sobre la nueva ley y mostró su «preocupación» por la salud de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Ecuador.
«La UE expresa su preocupación por la recientemente aprobada Ley de Comunicación», dijo, en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). EFE
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