Con 111 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó ayer el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes de Mercosur, Bolivia y Chile, que fue adherido por Ecuador mediante acta suscrita en Asunción el 29 de junio del 2013.
A través de este instrumento se reconoce a las personas el derecho a migrar, no se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
También se ofrecerá asistencia a estas personas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país; también atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos, así como precautelar sus derechos cuando, por cualquier razón hayan sido privadas de su libertad en el exterior.
Igualmente, promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario; mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior, protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros.
Según el informe presentado por la Comisión de Soberanía, este instrumento guarda conformidad con los postulados constitucionales, de conformidad con el dictamen de la Corte Constitucional y acoge importantes preceptos constitucionales.
El convenio consta de 16 artículos que incluyen disposiciones relativas al objeto, definiciones, ámbito de aplicación, tipo de residencia a otorgar y requisitos, residencia permanente, no presentación en término, intercambio de información, normas generales sobre entrada y permanencia, derechos de los inmigrantes y de los miembros de sus familias, promoción de medidas relativas a condiciones legales de migración y empleo en las partes, aplicación de la norma más benéfica, relación con normativa aduanera, interpretación y aplicación, vigencia, depósito y denuncia.
El acuerdo tiene como objetivo que los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte puedan obtener una residencia legal en este último, lo cual guarda conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y es un paso fundamental para pasar de la libre movilidad a una libre residencia y para avanzar en la construcción de la ciudadanía latinoamericana que es mandato constitucional.
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