Panamá, 14 nov (EFE).- La extradición desde Panamá del exasambleista ecuatoriano Tito Galo Lara Yepes, condenado en su país como cómplice de un múltiple homicidio, no va en contra de la larga tradición de asilo del país centroamericano, donde al exlegislador suramericano le fue retirado este beneficio.
Así opinaron hoy juristas panameños consultados por Efe que coincidieron en que Panamá nunca debió otorgar refugio al exdiputado ecuatoriano.
La Cancillería panameña informó hoy de la extradición de Lara, detenido en Panamá desde junio pasado tras serle revocado el asilo y después de que en agosto pasado Panamá considerara «procedente» la solicitud de extradición de Lara hecha por Ecuador.
El Estado panameño decidió extraditar a Lara «tras un profundo análisis sobre el caso», explicó hoy la Cancillería.
La opinión del catedrático y constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal es que a «ese señor (Lara) jamás debió otorgársele el asilo».
Bernal aseguró que «para nadie es un secreto que (Lara) lo obtuvo (el asilo) gracias al pago de cuantiosas sumas a funcionarios del Gobierno de (Ricardo) Martinelli (2009-2014)».
El constitucionalista Bernal negó que la extradición de Lara siente un precedente que manche la reconocida larga tradición de asilo de Panamá, sino que esta fue violentada al serle dado este beneficio al exlegislador ecuatoriano.
De acuerdo con Bernal, la larga tradición de asilo de Panamá «se vio violada porque el asilo no se le puede estar otorgando a delincuentes y a personas que han perpetrado delitos en su país o que son objeto de procesos judiciales y que después se arropan con supuestas persecuciones políticas».
«Panamá lo que no puede hacer es violentar, irrespetar y denigrar una figura tan sagrada como el asilo otorgándosela a cualquier pelafustán que asome sus narices, cargado de procesos, a este país», remarcó Bernal.
Lara, condenado el 2 de septiembre de 2013 a 10 años de prisión, había sido declarado inocente en primera instancia por la Justicia ecuatoriana en diciembre de 2012 de ser el «autor intelectual» de la muerte de una pareja y su hijo en la localidad de Quinsaloma, caso por el que fueron condenadas cuatro personas a 20 años de prisión.
Bernal, por otro lado, lamentó que Panamá solo haya devuelto a Lara y, según él, haya protegido a la exjefa de inteligencia colombiana María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010 hasta que ese beneficio se le retiró en mayo de este año al declararse inconstitucional su concesión.
En julio se confirmó la retirada del asilo después de que se denegaran varias mociones de la defensa de Hurtado.
«Lo lamentable de esto es que solamente han devuelto a Lara, y a Hurtado el actual Gobierno le brinde todo tipo de protección en flagrante violación de nuestros tratados con Colombia en materia de extradición y de la decisión de la Corte Suprema de Justicia» que declaró inconstitucional su asilo, señaló Bernal.
«Esa señora no tiene por qué permanecer en nuestro país», subrayó el catedrático.
Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es procesada en Colombia por el escándalo de interceptación de comunicaciones telefónicas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Panamá denegó a Colombia la extradición de Hurtado cuando esta aún conservaba su estatus de asilada y la volvió a negar una vez se le retiró el asilo alegando el Gobierno panameño que no podía conceder una extradición cuya solicitud estaba basada en las mismas bases que otra denegada anteriormente.
Por su parte, el internacionalista Julio Berríos opinó también que «no hay ningún precedente negativo que se siente con la revocación del asilo (de Lara) y su entrega, si a Panamá se le probó que él en su país está condenado por delitos comunes».
Berríos afirmó que, «al contrario», Panamá actuó con apego a la Convención de Caracas de 1954 sobre el derecho de asilo que en uno de sus artículos permite la solicitud de extradición y «establece bien claro que la calificación del Estado receptor puede variar».
«Creo que por primera vez la Cancillería nuestra actúa correctamente, o sea, la actual canciller (y vicepresidenta, Isabel De Saint Malo de Alvarado), en una solicitud de un Gobierno extranjero en virtud, pues, de que en otros aspectos las decisiones de la Cancillería han sido muy desacertadas», expresó Berríos.
La larga tradición de asilo de Panamá incluye haber otorgado el beneficio al expresidente argentino Juan Domingo Perón en 1956, y más recientemente a los exgobernantes de Guatemala y Ecuador, Jorge Serrano Elías (1990-1993) y Abdalá Bucaram (1996-1997), respectivamente, así como al ex general golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994).
En junio de 2009, los tres últimos fueron beneficiados con el estatus de asilo permanente, aprobado por el entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009), a escasas dos semanas de expirar su mandato.
También logró asilo en Panamá el Sha de Irán en 1979 tras su derrocamiento. EFE