El pleno de la Asamblea tramitará en primer debate el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero, que prohíbe a los funcionarios públicos y dignatarios de elección popular tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
La mayoría oficialista en la Comisión de Justicia decidió hacer algunos cambios al texto original enviado por el Ejecutivo. Entre estos, consta un artículo para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) sea la entidad responsable de emitir la lista de países o jurisdicciones que se consideren como paraísos fiscales.
El texto ordena que la Contraloría se encargue de verificar el cumplimiento de esta ley; por ello, las entidades públicas y privadas deberán entregarle información para realizar exámenes y auditorías, y también podrá solicitar la destitución del servidor público que no cumpla con la prohibición de esta ley. Si la institución a cargo no lo hace, la Contraloría lo hará en el término de diez días.
Para la elaboración del informe para primer debate, la Comisión convocó al Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, la Superintendencia de Bancos, el SRI, la Contraloría y el Ministerio del Trabajo.
La intención del oficialismo es aprobar este proyecto de normativa antes del 13 de mayo, que concluye el actual periodo legislativo. (I)