La Fiscalía inició una indagación previa contra exfuncionarios públicos y privados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas y el Exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuzzelli por la entrega irregular de un campo petrolero.
El Fiscal Baca Mancheno confirmó que la investigación incluye a más de 20 exfuncionarios entre ellos Jorge Glas por peculado pero que no puede todavía pedir medidas cautelares porque son solo indicios y que la indagación podría durar hasta dos años.
La existencia del informe fue revelada por la tarde por el expresidente Rafael Correa, que lo expuso de prueba de un supuesto intento del presidente Lenín Moreno para destituir al vicepresidente Jorge Glas.
El contrato fue firmado el 21 de marzo de 2012 por el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor. El informe de Contraloría destaca que en el Comité de Licitación de este contrato participaron el vicepresidente Jorge Glas; el entonces gerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli; y María Lorena Espinoza, coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos No Renovables. La Contraloría puntualiza que este comité aprobó el informe que recomendó la adjudicación del contrato al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. Esta última empresa estaba gerenciada por Silvana Pástor, hija del exministro de Recursos No Renovables.
Contraloría detectó en su examen que el equipo negociador del contrato calculó la tasa interna de retorno sin un sustento legal: Solo el 80% y no el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas de este pozo entraron en el contrato, previsto para 20 años de adjudicación. Según la Contraloría, al 30 de septiembre de 2016 se explotó el 144% de lo previsto para 20 años.
El contrato tenía previsto que en ese lapso se extrajeran apenas 2.04 millones de barriles de petróleo. La sobreexplotación alcanzó el 244%. Y a pesar de que la contratista anualmente informó sobre sus cifras de explotación, la Secretaría de Hidrocarburos nunca tomó acciones para renegociar la tarifa. Así se detectó un perjuicio para el Estado que se cifra en cerca de $ 5,2 millones que fueron pagados al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. (I)
