Las Universidades Privadas Autofinanciadas han solicitado al Presidente Lenín Moreno, a través de un comunicado de prensa publicado en los principales diarios del país, que «conmine» al Servicio de Rentas Internas para que detenga lo que describen como una «persecución» en su contra.
«A pesar de que las universidades son personas jurídicas especialísimas creadas por ley, el SRI las asimila a corporaciones y fundaciones y llega al absurdo de glosarlas por tener ahorros y no gastarse sus excedentes«, sostienen en el comunicado. «Todas las universidades privadas del mundo, por un elemental sentido de prudencia, están obligadas a guardar reservas para situaciones difíciles; no hacerlo sería altamente irresponsable y pondría en riesgo la sostenibilidad de las instituciones».
«Mediante estos y otros argumentos, el SRI busca despojar a estas universidades de sus exoneraciones tributarias y exigir el pago de impuestos millonarios, algo que está fuera de sus competencias. Al hacerlo, este organismo desconoce la competencia de la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior que establecen claramente las exenciones tributarias por ser instituciones sin fines de lucro y no tener socios ni accionistas», agregan.
«Las normas que aplica el SRI para este despojo son inaplicables a las universidades, y además de menor jerarquía que la Constitución y la LOES. Esas normas se refieren a Corporaciones y Fundaciones y en ningún caso pueden ser aplicadas por analogía como pretende el organismo estatal», sostienen.
Las Universidades Privadas Autofinanciadas argumentan que destinan alrededor de 50 millones de dólares anuales a becas para los estudiantes necesitados, y que juntos a las instituciones cofinanciadas, educan al 46% de la población universitaria ecuatoriana, «es decir, 10% más que hace una década». Y que pese a los que describen como «el asedio de estos últimos diez años», las universidades privadas han logrado notables progresos en los procesos de acreditación nacionales e internacionales, en la producción científica, y en las altas tasas de empleabilidad de sus estudiantes.
Y concluyen que «la confiscación de los recursos de las universidades afectará a las comunidades universitarias en términos de calidad, número de profesores, inversiones y servicios educativos y es una enorme injusticia que terminará afectando a los jóvenes que se educan en nuestras instituciones«.