La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) amenazó hoy con romper el proceso de diálogo que mantiene con el Gobierno de Lenín Moreno y dio un plazo hasta el 25 de abril para que el Ejecutivo concrete las soluciones a sus demandas.
La Conaie, que hoy celebró en Quito una Asamblea de dirigentes, resolvió «dar un plazo impostergable al Gobierno nacional hasta el 25 de abril para que dé respuestas a las demandas del movimiento indígena».
La mayor organización social del país aseguró que ese día convocará a una «gran Asamblea» en la ciudad andina de Latacunga (90 kilómetros al sur de Quito), donde prevé recibir del Gobierno las respuestas a sus peticiones.
Esa reunión de la Conaie en Latacunga estará acompañada de una «gran movilización» de las bases, señala el texto de resoluciones difundida hoy por la organización.
Además, suspendió «las mesas de diálogo a nivel nacional y provincial con las secretarías y ministerios de Estado, hasta que existan resultados concretos a las demandas el movimiento indígena«.
Entre las exigencias, la organización indígena pide al Ejecutivo del presidente Lenín Moreno que elimine de su administración todo rastro del anterior Gobierno liderado por Rafael Correa (2007-2017), a quien acusan de desatar una persecución contra dirigentes sociales que se opusieron a su gestión.
También exige la «renuncia de la ministra de Minería (Rebeca Illescas) y al presidente del Consejo de la Judicatura (Gustavo Jalkh)», así como de «todos los ministros y funcionarios que están vinculados al correísmo y su corrupción institucionalizada; y a quienes promueven la persecución a los luchadores sociales».
Propuso la convocatoria a una Asamblea Constituyente para «descorreízar y combatir la corrupción institucionalizada» que, según la Conaie, supuestamente se desató durante el periodo de Correa.
En sus resoluciones, la Asamblea de la Conaie se solidarizó con los familiares de Héctor Aguavil, un líder de la nacionalidad Tsáchila asesinado a mediados de febrero pasado, y pidió una «investigación prolija para que la administración de justicia dé con los responsables de este abominable crimen y no quede en la impunidad».
Además, la Conaie propuso «fortalecer la unidad entre pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador con todos los sectores sociales, a fin de articular las demandas y establecer las estrategias viables a nivel local, regional y nacional».
Un informe difundido el lunes por la organización Human Rights Watch denunció que en Ecuador persiste un hostigamiento judicial contra dirigentes indígenas perseguidos por el anterior Gobierno de Rafael Correa, que podrían afrontar penas de prisión con base en delitos sin peso legal.
El documento, de 30 páginas y titulado «Amazónicos bajo juicio: hostigamiento judicial a líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador», apunta a que fiscales en tres casos prominentes fracasaron a la hora de presentar suficientes pruebas que apoyaran los graves cargos o justificaran la continuación investigaciones penales que se prolongaron durante años.
HRW denunció que el anterior Ejecutivo «se extralimitó» en su sistema judicial penal para señalar a líderes indígenas y medioambientalistas que protestaban por las exploraciones mineras y petroleras en la Amazonía. EFE
Refiere que estos grupos operan «de manera más libre» bajo el mandato del actual presidente, Lenín Moreno, pero censuran que la inercia de los enjuiciamientos abusivos de su predecesor «no ha sido atendida». EFE
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