Asamblea Nacional de Ecuador recibe proyecto de reforma a “ley mordaza”

QUITO-ECUADOR (21/05/2018). El Secretario de Comunicación Andrés Michelena Entrega el proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Comunicación propuesto por el Gobierno, ante la Asamblea Nacional. FOTO API/CRISTINA VEGA.

Quito, 21 may (EFE).- La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, recibió hoy el proyecto de reforma de la polémica Ley de Comunicación, en vigor desde el Gobierno pasado, conocida por críticos y ciertos medios de comunicación como “ley mordaza”.

Por medio del secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, el jefe de Estado, Lenín Moreno, entregó el proyecto para estudio del Parlamento.

Michelena destacó que las reformas son producto de un “diálogo abierto, sincero y transparente con todos los actores que participaron en el proceso”.

Señaló que el jefe de Estado ha considerado importante mantener en su propuesta de reforma ciertos aspectos de la conocida como LOC, entre ellas, la protección a niños, niñas y adolescentes, así como el fomento intercultural y plurinacional.

Además, la protección de las comunicaciones personales, y los derechos de los comunicadores como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente y los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación.

Esta propuesta de reforma busca dejar atrás un sistema administrativo de sanción y control, y pasar hacia un sistema de perfeccionamiento de los espacios de defensa y protección de los derechos humanos“, comentó Michelena al entregar el proyecto.

Por ello, apuntó que una de las propuestas es “eliminar definitivamente” la “mal concebida” Superintendencia de Comunicaciones (Supercom) y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue, de “manera inmediata”, las medidas de protección y restitución de derechos.

Cabezas dijo que el tema es “prioritario” y comprometió el “mayor esfuerzo y actividad” para analizar la reforma.

“Estamos seguros que será un motivo de intenso debate. Es una ley que desde el inicio fue extremadamente cuestionada, controvertida”, comentó Cabezas.

De su lado, Luis Fernando Torres, del partido Social Cristiano, de derechas, destacó la propuesta de eliminación de la Supercom, brazo ejecutor de las sanciones desde que entró en vigor la LOC.

En lo que todavía tengo dudas es en el hecho de que la comunicación, al parecer en la Ley seguirá como servicio público, cuando esta era la oportunidad para establecer que la comunicación debía ser un derecho y jamás un servicio público“, subrayó Torres.

Pese a ello, destacó la existencia de una propuesta de reforma y afirmó que al menos ya comenzaron “a respirar aires de libertad en materias de comunicación en el país”.

Torres consideró que la derogatoria total de la LOC “no es el camino” pues si ello ocurría “quedaría un vacío jurídico y varios derechos de periodistas, de concesionarios de frecuencias de televisión y de radio quedarían prácticamente en el limbo“.

“Por eso, lo correcto es reformar sustancialmente a la Ley Orgánica de Comunicación y las reformas que ha planteado el secretario de Comunicación, al parecer son trascendentes, pero habrá que ver si efectivamente van al corazón mismo” de la LOC “para cambiarla, para tener una ley garantista y no una ley que persigue, una ley que sanciona”, señaló.

El proyecto de enmienda busca reformar la legislación aprobada en 2013 durante la administración del presidente Rafael Correa, que la impulsó para combatir lo que consideraba abusos de lo que llamaba “prensa corrupta”, pero que críticos y opositores llamaron “ley mordaza”.

Según la Secom, la propuesta actualiza la LOC acorde a normativas y tratados internacionales, y “refleja el fin de la confrontación a medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general”.

En el proyecto consta la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, así como la reclasificación de los medios públicos, en medios públicos al servicio institucional y medios públicos al servicio de los ciudadanos.

Para estos últimos, se elaborará un reglamento que determine parámetros para su conformación, funcionamiento y financiación.

También considera la organización de un concurso “abierto y transparente” de frecuencias para medios privados y comunitarios, y se plantea una asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas, según lo establezca la autoridad de Telecomunicaciones. EFE

(I)

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