El próximo 19 de septiembre se realizará la reconstrucción de hechos dentro de la investigación por la muerte del policía Froilán Jiménez, asesinado en la revuelta del 30 de septiembre de 2010, mientras evacuaba del Hospital de la Policía al presidente Rafael Correa.
Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, pidió al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, que disponga que estén presentes en la diligencia, como lo solicitó el fiscal del caso, Fabián Salazar, los siete oficiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y los 56 voluntarios de esta unidad que participaron en esa operación.
“De no ser así se estaría encubriendo a todo este personal militar que no ha comparecido a un sinnúmero de diligencias en los más de 2.800 días que han transcurrido desde la muerte de Jiménez. (…) En el caso de existir algún incumplimiento por parte del Ministerio solicitaremos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ser necesario llegaremos a la Corte Interamericana”, dijo.
Ayer, en el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, se realizó la pericia morfológica de reconocimiento de los cuatro militares llamados para que sus facciones sean cotejadas con las imágenes del expediente.
Por otra parte, la Comisión Anticorrupción entregó ayer al fiscal general, Paúl Pérez, una denuncia para que se investigue y se establezcan las responsabilidades penales de Correa y de jefes militares y civiles que participaron en el 30-S.
Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión, dijo que se debe investigar a quienes dieron disposiciones para que se dé esa “persecución miserable” contra más de 300 ciudadanos. (I)