Quito, 3 oct (EFE).- La legisladora ecuatoriana Sofía Espín será investigada por una comisión de la Asamblea Nacional por haber visitado en la cárcel a una procesada inculpada y testigo en un caso de secuestro en el que está imputado el expresidente de Ecuador Rafael Correa.
Así lo decidió hoy el Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento ecuatoriano, al aceptar a trámite una denuncia presentada por el asambleísta Esteban Bernal, del grupo opositor conservador CREO.
La Asamblea anunció en Twitter que «el CAL calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Bernal por la presunta incompatibilidad de funciones de Sofía Espín», y que «se creará una comisión multipartidista para el análisis del caso».
Con seis votos a favor y uno en contra, el CAL adoptó esa decisión para esclarecer las circunstancias de la visita que Espín -del grupo autodenominado Revolución Ciudadana y afín a Correa- realizó el pasado 24 de septiembre a la cárcel donde cumple prisión preventiva la exagente Diana Falcón.
La procesada, que asumió su autoría como autora material de los hechos junto con otro exagente de inteligencia a cambio de colaborar con la Justicia ecuatoriana, se encuentra detenida en tanto se ventila la fase de acusación en el caso de secuestro del expolítico Fernando Balda.
Ocurrido en 2012 en Colombia y frustrado por la Policía de ese país al cabo de hora y media de persecución, el secuestro es atribuido a los servicios de inteligencia ecuatorianos y según Balda, que ejerce la acusación particular en el proceso, bajo la autoría intelectual del entonces presidente Correa.
La pasada semana la Fiscalía presentó sus alegatos contra cuatro presuntos implicados, entre ellos Falcón, y la jueza nacional que lleva el caso, Daniella Camacho, estudia si son llevados a juicio.
En el caso también aparecen como procesados además de Correa, que reside en Bélgica desde julio de 2017, el exagente Raúl Chicaiza, y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, el último en España.
En una de las audiencias, Balda denunció que Espín y una abogada del equipo jurídico de Correa, Yadira Cadena, habían visitado a Falcón para tratar de influir en su testimonio.
La denuncia le costó el puesto a la titular del centro de reclusión de mujeres de Quito y la viceministra de Justicia de Ecuador, Liliana Guzmán, aseguró que las visitas no fueron autorizadas.
Espín ha asegurado en repetidas ocasiones desde que se conoció su visita penitenciaria, que no ha cometido ninguna infracción y que ingresó en la cárcel como lo hace todo el público que visita a los reos en el centro.
Correa, sobre el que hay una petición ecuatoriana de arresto a Interpol por incumplimiento de medidas cautelares, denuncia ser objeto de una persecución política y falta de independencia judicial en Ecuador. EFE (P)
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